Unas 70 personas impiden un desahucio en Barcelona.
Unas 70 personas impiden un desahucio en Barcelona. EP

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha pedido este jueves a los órganos judiciales que no ordenen más desahucios con fecha abierta, aquellos en los que no se especifica ni fecha ni hora en que se van a llevar a cabo y que sólo señalan que tendrán lugar durante una quincena de un mes concreto.

En un acto ante los juzgados de Barcelona, la PAH ha denunciado que estos desahucios sin fecha concreta "generan una gran dosis de sufrimiento y angustia en las personas que se han visto forzadas a llegar a esta situación por una falta absoluta de recursos y que no cuentan con una alternativa habitacional digna".

Las familias "que ya han tenido que pasar por un calvario judicial" viven las órdenes de desahucio abiertas "con la incertidumbre de no saber cuándo serán expulsadas de su hogar", según el estudio "Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona".

Evitar acciones de apoyo de movimientos sociales

La PAH considera que dictar órdenes abiertas "responde a la voluntad de evitar las acciones de denuncia y apoyo de movimientos sociales, que pretenden exponer la legislación injusta que padecemos en España en materia de vivienda, y concretamente en el ámbito de las hipotecas y los alquileres".

La plataforma también apela a la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que en su artículo 440.4 establece que se han de fijar día y hora para los lanzamientos y que interpretan como "la intención del legislador de marcar una fecha y hora concreta para la actuación".

Para la PAH, este tipo de prácticas "suponen una violación grave del derecho de defensa y de la inviolabilidad de domicilio" y denuncian la paradoja de que "se pueda realizar una actuación judicial en el domicilio de una persona sin que ésta conozca cuándo se producirá".

La plataforma ha recordado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas(CDESC) reclamó a España en junio de 2017 un aumento de la protección para los afectados por procedimientos de desahucio, especialmente en los casos de vulnerabilidad.

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha paralizado cautelarmente desalojos de familias por la ausencia de una alternativa habitacional viable.

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