La consejera María Victoria Broto
La consejera María Victoria Broto EUROPA PRESS

Ha defendido la iniciativa la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, quien ha señalado que la iniciativa privada, social y mercantil, puede colaborar con el sistema público de servicios sociales y que el proyecto de ley parte del reconocimiento de las personas jurídicas y privadas para prestar estos servicios "con su compromiso y con la sujeción al régimen legal establecido".

Esta iniciativa normativiza la participación del sector privado con dos modalidades, la habilitación como autorización o acreditación, siendo la segunda la que presenta requisitos más exigentes, de cara a "lograr la calidad de los servicios". Se deberán habilitar todos los centros, tanto públicos como privados.

El Gobierno de Aragón pretende llevar a término el "blindaje" de los derechos sociales para así "dar respuesta a las necesidades de un sector en el que trabajan de la mano la iniciativa pública, local y autonómica, la privada y el conjunto de entidades que están presentes en el sector y son los verdaderos protagonistas".

Con esta Ley el Ejecutivo quiere evitar "los retrocesos que hemos tenido en algunos momentos en esta comunidad", ha continuado Broto, quien ha recalcado que el sistema de servicios sociales es público.

TRATO DESIGUAL

La diputada del PP, Ana Marín, ha dicho que "subyace un trato desigual entre las entidades públicas y privadas" porque el Gobierno "desecha el buen hacer" y se fija exclusivamente en la figura jurídica del prestador, lo que "es discriminación".

Desde el PSOE, Pilimar Zamora ha defendido un sistema de servicios sociales "fuerte, universal, que fomente la autonomía personal" y que promueva la cohesión social, lo que exige un marco normativo "que garantice a los ciudadanos sus derechos".

En representación de Podemos, Amparo Bella ha animado a "vigilar y regular todos los establecimientos" para garantizar los derechos sociales, añadiendo que "queda mucho camino por recorrer para reorganizar el sistema", tras lo que ha reivindicado la creación de una renta básica "incondicional".

La parlamentaria del PAR, Lucía Guillén, ha apoyado la colaboración público-privada y la "apuesta decidida" por el denominado tercer sector, subrayando

que muchos servicios se prestan por entidades privadas o mediante la concertación social.

La diputada de Cs, Desirée Pescador, ha considerado que esta iniciativa legislativa es "una oportunidad" para reflejar la transformación de los servicios sociales y "adaptarnos a los nuevos tiempos". Ha preguntado "por qué han tardado tanto" en emprender la regulación de esta materia.

La parlamentaria de CHA-Grupo Mixto, Carmen Martínez, ha recordado que el Estatuto de Autonomía establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de acción social, por lo que es obligación del Gobierno regional disponer de "las herramientas necesarias para implementar las políticas públicas" en esta área.

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