El Defensor del paciente acompañó su solicitud a la Fiscalía de un escrito firmado por la presidenta del colectivo, Carmen Flores, donde se ponía de manifiesto que la marcha de médicos perjudica gravemente" la asistencia de los pacientes y, por ende, "se pone en riesgo la vida de las personas que van al hospital".

El texto también manifestaba que

"los profesionales tienen toda la razón" y, por eso, el Defensor del paciente les apoya, pero insistía, al tiempo, que la Administración sanitaria "comete un presunto delito de dejación de funciones, poniendo en riesgo a los pacientes".

Tras esto, la Fiscalía andaluza ha remitido a la asociación un decreto de apertura de diligencias donde se informa de que el comunicado del Defensor del Paciente "en el que se solicita la intervención de la Fiscalía Superior de Andalucía, ante el peligro de atención a los pacientes por la rebelión de los profesionales en los pasillos del Hospital de Motril".

Asimismo, informa de la incoación de las diligencias de "investigación penal", que será tramitada por el fiscal Alberto López López que llevará a cabo "aquellas actuaciones que estime conveniente" dentro del plazo legal.

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