El Consejo de Gobierno concluye que el informe previo interno realizado por técnicos de la Consejería de Sanidad sobre las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS), no detecta "ningún ilícito penal", aunque sí aparecen "incidencias contractuales", por lo que ha decidido remitirlo a la asesoría jurídica y a la Intervención General.

Además, la consejera de Sanidad, Luisa del Real, lo presentará en el Parlamento durante su comparecencia ante la Comisión que ha solicitado esta misma semana y que espera pueda producirse el próximo lunes, 4 de junio.

Asimismo y ante de las denuncias realizadas, el Consejo de Gobierno ha acordado poner el documento a disposición de la Fiscalía General de la Comunidad Autónoma, si así lo requiere en el transcurso del proceso.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha explicado que en el informe "desmonta la mayor parte de las acusaciones que se han hecho" y solo menciona "cinco pequeñas irregularidades" de índole administrativo pero "en ningún caso" delitos.

"No hay ningún desvío de fondos, no hay ninguna obra que se haya pagado que no esté hecha, puede haber alguna irregularidad administrativa", ha avanzado el presidente de Cantabria en relación a este informe.

En relación a las "irregularidades" que señala el informe, Revilla ha explicado que hay algunas relativas a la recepción de obras antes de su finalización, un hecho que, sin embargo, según Revilla, tiene "explicación" y se hizo para evitar la pérdida de fondos.

Pese a que "en principio" no se ha detectado ningún "ilícito penal", se está "a expensas" de lo que concluya la asesoría jurídica y la Intervención y, en función de ello, el Gobierno "actuará".

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