Terrenos de Guadalmar y Arraijanal
Terrenos de Guadalmar y Arraijanal Europa Press - Archivo

Estas diligencias preprocesales de Fiscalía se iniciaron por las denuncias que presentaron un colectivo ecologista y una asociación de vecinos, al considerar que la parcela tiene valor arqueológico y científico que no se han tenido en cuenta en el proyecto o en el desarrollo de las obras de la ciudad deportiva, según han informado fuentes judiciales.

Ante esto, el ministerio fiscal solicitó distintos informes tanto a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga como a la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, además de requerir el atestado o el informe ya realizado previamente por el Seprona de la Guardia Civil sobre estas actuaciones.

Tras analizar dichos informes, según han asegurado las fuentes, la Fiscalía determina que no existe indicio alguno de delito ni en la actividad de los promotores o constructores de la obra ni de los técnicos o autoridades que intervinieron en la aprobación de los expedientes, señalando que todo se ha tramitado conforme a ley, respetando los trámites, los plazos y los informes técnicos.

Dichos informes recabados pusieron de manifiesto, han indicado, que las obras cuentan con licencia, que la calificación de la parcela es de equipamiento deportivo del plan especial aprobado para ordenar urbanísticamente la zona y que tras una visita de inspección por parte del Ayuntamiento el pasado abril se concluye que los trabajos hasta ese momento se ajustaban al permiso.

Asimismo, se señala en uno de los documentos municipales que de los 236 árboles existentes están afectados por las obras 178 especies, valorados en la cantidad de 157.166 euros, que la propiedad deberá invertir en la propia parcela en concepto de reposición; mientras que el resto de ejemplares se deberán respetar y tomar las medidas de protección necesarias.

En cuanto a la protección arqueológica, se señala que la parcela se incluye como zona de conservación preventiva y que la Delegación Territorial de Cultura autorizó en una resolución la actividad arqueológica preventiva, comprobándose en la visita de inspección que en la obra había una arqueóloga en labores de control de movimientos de tierra en ejecución.

En cuanto a los informes de la Delegación de Medio Ambiente, en ellos se precisa que no hay constancia de especies de flora y fauna protegida y que los terrenos afectados por las obras no gozan de protección ambiental, según las fuentes, quienes han apuntado que tras una primera inspección, el equipo del Seprona también concluye que no hay indicio de infracción penal.

En otro informe, los especialistas en Medio Ambiente de la Guardia Civil comunican que se han encontrado restos arqueológicos, pero según las fuentes, los agentes comprobaron que estaba la arqueóloga a pie de obra y que se estaba dando un adecuado tratamiento a los restos encontrados conforme al proyecto de actuación en esa materia que había sido aprobado.

Por todo esto, la Fiscalía de Medio Ambiente archiva las diligencias y señala que es necesario algo más que la disconformidad con determinados hechos para que éstos encajen en el ámbito penal, recordando que el ministerio fiscal debe regirse por el principio de legalidad. Asimismo, se considera que de la documentación y las inspecciones no se desprenden indicios de irregularidad administrativa.

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