El Parlamento Europeo aprueba la normativa que iguala el salario de trabajadores locales y desplazados

  • Afecta a los trabajadores que son desplazados por su empresa de forma temporal a otro país de la UE.
  • Todas las normas salariales del país de acogida deberán aplicarse a los trabajadores desplazados.
Imagen de archivo de un camión.
Imagen de archivo de un camión.
GTRES
Imagen de archivo de un camión.

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la nueva normativa comunitaria que igualará la remuneración que obtienen los trabajadores que son desplazados por su empresa de forma temporal a otro país del bloque comunitario a la que reciben los empleados del Estado miembro de acogida por la misma actividad. Fueron 456 votos a favor, 147 en contra y 49 abstenciones.

La ley pretender mejorar la protección de los trabajadores desplazados y asegurar "unas condiciones de competencia justa para las empresas". En virtud de esta nueva legislación europea, todas las normas salariales del país de acogida deberán aplicarse a los trabajadores desplazados.

Además, los países de la UE podrán aplicar convenios colectivos regionales o sectoriales amplios y representativos, algo que actualmente sólo ocurre en el sector de la construcción. También establece que los gastos de viaje, manutención y alojamiento correrán a cargo del empleador y no podrán descontarse del salario de los trabajadores. Las empresas también estarán obligadas a garantizar que las condiciones de alojamiento de los desplazados son "dignas" y conformes a la legislación nacional.

La duración máxima del desplazamiento queda fijada en 12 meses y podrán extenderse durante otros seis meses. A partir de ese momenoto, el trabajador podrá seguir residiendo y trabajando en el Estado miembro en el que esté destinado, pero todas sus condiciones laborales estarán sujetas a las normas del país de acogida.

Las disposiciones de esta directiva revisada se aplicarán al ámbito del transporte una vez que entre en vigor la legislación sectorial. Hasta entonces seguirá aplicándose la versión anterior de la normativa, aprobada en 1996.

Los Estados miembros dispondrán de un periodo de dos años para trasladar las nuevas normas a su legislación nacional y tendrán que aplicarlas antes de que finalice ese periodo.

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