En un comunicado, la CEN ha remarcado que en el artículo 4 de sus estatutos "uno de los fines fundamentales de la Confederación es el de fomentar y defender el sistema de libre iniciativa privada, como núcleo de creación de riqueza y de prestación de servicios a la sociedad".

Por este motivo, ha advertido del "riesgo" que supone que "las adjudicaciones públicas condicionadas por la política lingüística de la Administración no atiendan a la realidad de las empresas navarras, provocando situaciones de discriminación, especialmente, en aquellas empresas de la zona mixta y no vascófona de la Comunidad foral".

"En base a los datos publicados por el Gobierno de Navarra, entre los meses de abril y mayo, excluyendo contratos públicos relativos a obras, suministros o mantenimiento, el 35% de las adjudicaciones públicas del Gobierno foral benefician a las empresas que usan el euskera. Atendiendo a los contratos solo del mes de mayo, este porcentaje aumenta hasta el 42,8%. Estas políticas se acentúan en el ámbito municipal de Pamplona, donde las adjudicaciones que exigen euskera en los dos últimos meses se elevan hasta el 66%", ha remarcado la CEN.

En su opinión, "estas cifras no atienden a la realidad del uso del euskera en las empresas navarras, que crean riqueza y trabajo para una sociedad en la que el uso habitual de esta lengua se limita al 6,7% de la población, según datos publicados recientemente por Klusterra Soziolingüístika". En este sentido, "las políticas de la Administración no estarían reflejando con proporcionalidad la realidad de la Comunidad foral" han sostenido los empresarios navarros.

Según han indicado, "partiendo de esto", CEN comparte la reflexión contenida en el manifiesto 'Por un futuro de todos en igualdad' al considerar que" el uso del euskera es un derecho que debe ejercerse desde la libertad, pero no a costa de unas políticas públicas que perjudiquen la libre competencia de las empresas navarras".

Además, ha reivindicado "el deber de la Administración de gestionar los recursos eficientemente, siempre de acuerdo a las necesidades de la sociedad, sin discriminaciones, ni exclusiones". "La utilización excesiva del euskera con fines políticos, más allá de la satisfacción real de los ciudadanos, supone también un mayor coste público para todos los contribuyentes", ha subrayado.

La CEN ha destacado que ya manifestó esta postura a raíz de la inclusión en la ley foral de Contratos Públicos de la exigencia de contar con un plan de euskera para aquellas empresas cuyo contrato con la Administración requiera de un servicio de atención al público, una medida que considera una "imposición" y que "crea más dificultades a las empresas a la hora de acceder a contratos públicos".