Según recoge la calificación del Ministerio Público, el acusado tenía "un apoderamiento verbal" para concertar la venta de la vivienda, perteneciente a un familiar. Así, el 5 de marzo de 2016 firmó un contrato de reserva y la afectada le entregó 1.500 euros al procesado "en prueba de reserva".

No obstante, en el plazo de 30 días, la mujer instó al acusado para formalizar la venta del inmueble. "Ante su sorpresa", éste le manifestó que la vivienda había sido vendida por otra persona que también tenía poder para realizarlo, de manera que le reclamó que le devolviera la señal entregada, "tal y como se recogía en las cláusulas del contrato".

Sin embargo, el fiscal detalla que el hombre hizo caso omiso y se ha quedado la citada cantidad "con ánimo de obtener un ilícito beneficio, incluso reconociendo la deuda al recibir uno de los requerimientos".