Trabajador con amianto.
Trabajador con amianto. UGT

La Síndica de Greuges, Maria Assumpció Vilà, ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a que siga la resolución europea para combatir el desprendimiento de las fibras de amianto a raíz de la queja de un vecino de Sants-Montjuïc por la existencia de una nave abandonada que libera estas fibras.

La Síndica ha recordado en un comunicado que el amianto es un mineral que aunque fue muy valorado por ser un aislante de calor y fuese muy usado en construcción de edificaciones, en 1978 el Consejo de Europa lo declaró como una sustancia cancerígena y en 2002 se prohibió la fabricación de productos que incluyesen este material.

Vilà ha explicado que con esta prohibición finalizó "gran parte del problema" de salud, pero sigue vigente su nocividad, ya que con la rotura del fibrocemento utilizado a lo largo de los años se liberan sus fibras, que "son las responsables" de las patologías oncológicas detectadas en personas que han estado en contacto con este material.

Dada la carencia de normativa estatal o autonómica en este ámbito, la Sindicatura ha informado de que es el consistorio quien debe ocuparse, por lo que les ha pedido seguir la Resolución 2012/2065 del Parlamento Europeo.

Esta resolución plantea una serie de medidas y propuestas, como por ejemplo censar el número de edificios con presencia de amianto e iniciar un proceso de desamiantado en "el menor tiempo posible" dando prioridad a las escuelas, hospitales y edificios e instalaciones de concurrencia pública.

El pasado año, el promotor de la queja avisó a la Sindicatura de cuatro derrumbamientos parciales de la cubierta de la nave abandonada y mostró su preocupación por la caída de las paredes, que "generaba peligro para los peatones y vehículos" y destacó la degradación de la cubierta "que desprendía fibras de amianto".

Aunque la nave fue derrocada a finales del mes de enero de 2018, Vilà ha considerado que la actuación municipal ha llegado "muy tarde", después de años de quejas de la ciudadanía y 19 meses después de que en el Consejo Plenario del distrito se diera a conocer "el grave peligro que suponía para la salud pública".

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