Según se recoge en la sentencia facilitada desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los acusados, un matrimonio en el que él es trabajador laboral de la Junta de Andalucía y ella, peluquera, "actuaron de común acuerdo para conseguir la concesión de una subvención de cara a la realización de un curso de formación ocupacional de peluquería sin tener intención alguna de realizar el mismo" y lo hicieron a través de una comunidad de bienes que constituyeron para tal fin.

Los acusados captaron efectivamente a 15 alumnas desempleados que obtuvieron el oportuno certificado o diploma de superación del citado curso pero que "en modo alguno realizaron actividad formativa" ya que "no existió ningún tipo de información teórica ni práctica" y "lo realizado en el establecimiento de peluquería descrito era cualquier cosa menos un curso de formación".

La Junta de Andalucía les concedió una subvención en el año 2011 de 105.750 euros para realizar un curso de peluquería, sin compromiso de contratación. Dicho curso se impartió de febrero a noviembre de 2011.

El expediente de este curso es uno de los que fueron investigados por la Policía Nacional en Jaén cuando se destapó la operación Edu. Fruto de estas investigaciones, el caso ha finalizado con los dos empresarios sentados en el banquillo y negando cualquier tipo de irregularidad.

Las irregularidades apuntadas desde Fiscalía iban desde la facturación a cargo de la subvención el alquiler del local cuando éste era de su propiedad; la factura por el alquiler de 15 ordenadores que las alumnas nunca vieron en la academia, hasta facturas por trabajos en el local que no constan como realizados.

Las alumnas llamadas a declarar como testigos confirmaron que allí no había ordenadores y que el único material que se les entregó fue una libreta, un bolígrafo y apuntes fotocopiados. No obstante sí que firmaron un documento donde aseguraban haber recibido numeroso material.

Todos estos problemas detectados llevaron a la Junta de Andalucía a reducir el importe de la subvención concedida, que finalmente se quedó en 93.000 euros. Ahora, en la sentencia, en concepto de responsabilidad civil, se establece que los dos acusados deberán devolver a la Junta de Andalucía el importe íntegro de la subvención recibida más los intereses correspondientes.

La acusada J.N.Z. declaró en el juicio celebrado el pasado 15 de mayo que era ella la que personalmente impartía la formación teórica y práctica del curso porque tenía titulación para ello. Asimismo cualquier tipo de irregularidad y defendió que todos "los papeles" se los llevaba una gestoría y que ella se limitaba a mandarle todas las facturas.

Por su parte, su marido, el también acusado R.C.B. argumentó que recibieron muchos pedidos por adelantado para poder iniciar el curso, pero que se les facturaron casi al final porque "al principio no teníamos dinero" para el desembolso que había que hacer. Es por eso por lo que, según su versión, un mes antes de acabar el curso se facturan 800 botes de champú, que habían sido utilizados durante todo el periodo de formación.