La mujer acusada de cobrar durante 13 años la pensión de su padre fallecido, MD.T.R., ha asumido una sentencia de conformidad tras acuerdo de las partes en la que acepta la pena de dos años de prisión y devolver los casi 63.700 euros que todavía debe a la Seguridad Social. Todo ello por un delito continuado de disfrute indebido de prestaciones de la Seguridad Social.

En la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, el magistrado encargado de leer la sentencia, firme puesto que las partes han anunciado que no recurrirán, ha relatado como hechos probados que la acusada alteró la fecha de la muerte de su progenitor.

En concreto, hizo constar en el certificado de defunción que había fallecido el día 17 de diciembre de 2015. Sin embargo, según la certificación auténtica en el Registro Civil de Santiago, el óbito se había producido el 17 de diciembre de 2002, un total de 13 años antes.

Durante este periodo continuó percibiendo los importes correspondientes a la prestación de jubilación del Instituto Social de la Marina (ISM) que correspondía a su padre desde 1980.

En total, la a cantidad que percibió de forma irregular asciende a 96.507,98 euros, de los que el ISM recuperó 32.861,50 a través del mecanismo de retrocesión bancaria. Por ello, la deuda de la acusada con el organismo es de 63.646,48 euros, que ahora deberá devolver.

SIN PENSIÓN Y MULTA

Según el acuerdo de conformidad, que la acusada ha asumido, se le imponen dos años de cárcel, así como la imposibilidad de obtener subvenciones o beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años, seis meses y un día.

Las partes han pactado una suspensión de la pena por un plazo de dos años y el magistrado ha advertido a la acusada que, si vuelve a delinquir durante este periodo, tendría que cumplir la pena por ambos delitos.

Además, le ha recordado que "se compromete a abonar 80 euros al mes" durante al menos ese periodo de suspensión de la pena, "según sus capacidades económicas".

Del mismo modo, se le embargará la pensión que percibe por incapacidad y se investigarán sus bienes -para comprobar si procede algún embargo- hasta que acabe de pagar su deuda con la Seguridad Social.