Rueda de prensa de Marea Vigo.
Rueda de prensa de Marea Vigo. EUROPA PRESS

El grupo municipal Marea de Vigo ha presentado este martes ante la Fiscalía de la ciudad una denuncia contra el alcalde olívico, Abel Caballero, por un supuesto delito contra la salud pública por imprudencia grave, en relación con los problemas de calidad del agua en los últimos meses.

Así lo ha confirmado en rueda de prensa el portavoz del grupo, Rubén Pérez, quien ha recordado que Marea ha intentado "otras vías" para obtener información acerca de la calidad del agua de la traída en Vigo, los análisis tomados en la red de suministro y otras cuestiones.

Según ha maifestado, ante la negativa del gobierno municipal a aportar información o a constituir una comisión de investigación, Marea de Vigo ha optado por acudir a los tribunales, presentando una denuncia contra el alcalde, como responsable último de asegurar que la gestora (Aqualia) suministre el agua en condiciones aptas para el consumo humano. La denuncia se extiende también al director general de la concesionaria.

La denuncia de Marea de Vigo se fundamenta en varios hechos: por un lado, la insistencia del regidor en que el agua era apta para el consumo pese a los resultados de analíticas que daban valores de hierro o trihalometanos superiores a los recomendados; por otro, la "ocultación de información" sobre esos resultados, específicamente, en zonas con centros escolares, a los que no se les informó de los problemas en la calidad del agua.

Asimismo, en el escrito, el grupo denunciante también señala que la concesionaria realizaba purgas en la red de abastecimiento en aquellos puntos problemáticos, para modificar los parámetros de análisis y dar apariencia de que no había valores irregulares.

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA

En la denuncia presentada ante Fiscalía, Marea de Vigo recuerda que son los ayuntamientos los que, por ley, deben garantizar que el agua suministrada a través de su red es apta para el consumo humano, y que si la calidad del agua sufre modificaciones, la concesionaria debe poner en conocimiento de la administración y, a través de ella, de los ciudadanos, los posibles riesgos.

Según ha incidido Rubén Pérez, los análisis demostraron que el agua de la traída en Vigo, por lo menos desde finales de diciembre, no satisfacía los valores óptimos recogidos en la normativa.

Además, ha recordado que el gobierno de Abel Caballero prorrogó el contrato a Aqualia en un acuerdo que tenía como contrapartida un plan de inversiones en la ciudad. Dichas inversiones se centraron, ha criticado, en la realización de humanizaciones, instalación de setos decorativos e incluso fiestas de barrio, pero no se acometieron las obras que los técnicos urgían ya hace años para mejorar la red, entre ellas, la modernización de la planta potabilizadora de O Casal.

Finalmente, Rubén Pérez ha criticado también la actitud de la Xunta y el "peloteo" de análisis entre el gobierno vigués y el gallego. Según ha apuntado, pese a que los portavoces autonómicos "dejaron caer de manera velada" que el agua de Vigo no era de calidad, "la Xunta no fue clara" y no actuó de manera tajante, como sí hizo en Ferrol en 2015, decretando la alerta sanitaria en 24 horas.

Consulta aquí más noticias de Pontevedra.