Según ha podido saber Europa Press, los agentes se han desplazado a las dependencias de la Conselleria de Economía, donde están revisando archivadores y papeles.

Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts y exvicepresidente del Consell, Juan Cotino, ha sido detenido este martes en el marco de una operación en la que hasta las 10.00 horas habían sido arrestadas seis personas, entre ellas, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, según confirman a Europa Press fuentes policiales y fiscales.

La operación, que incluye varios registros, continúa abierta y está coordinada por el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. A Eduardo Zaplana se le investiga por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.

En noviembre de 2006 comenzó el montaje de los primeros parques eólicos del Plan Eólico Valenciano, en concreto en la denominada zona seis, con siete parques previstos en la comarca del Alto Palancia en Castellón. La sociedad Proyectos Eólicos, creada para promover esta energía en la Comunitat, resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico de las zonas 5 y 6 y de la 11 en Valencia, con una potencia en conjunto de 498 MW y una inversión de 450 millones de euros.

En la sociedad participaban Endesa a través de su filial ECyR, (Endesa Cogeneración y Renovables), propietaria del 55% de las acciones; Bancaja, con el 20%, y el Grupo Sedesa, con un 25%. En este caso, los agentes han pedido documentación sobre esta mercantil.

ACUERDO CON FISCALÍA EN GÜRTEL

Se da la circunstancia de que Vicente Cotino alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el caso de la presunta financiación irregular del PPCV presidido por Francisco Camps en la vista celebrada recientemente en la Audiencia Nacional por esta pieza del caso Gürtel.

Fue uno de los nueve empresarios que alcanzaron el acuerdo y reconocieron esa financiación irregular al PPCV.

Fiscalía le pedía un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental, sustituido por una multa de 45.000 euros.