España es un país en números rojos desde hace una década. Las cuentas no salen, los gastos superan a los ingresos y se genera déficit cada ejercicio que debe ser sufragado con deuda. Cierto es que el agujero es menor cada año —el 11% de desfase en 2009 nada tiene que ver con el 3,1% de 2017 —pero el país sigue siendo deficitario y, pese a ello, el Gobierno pergeñó para 2018 unas cuentas expansivas que preocupan en la Comisión Europea.
Bruselas se pronuncia mañana sobre ello, pero hoy el turno ha sido para el Banco de España. Y al regulador bancario no le gusta lo que ve. "La corrección del desequilibrio de las cuentas públicas es una tarea urgente dadas las consecuencias negativas que comporta un nivel de endeudamiento en las Administraciones tan elevado como el actual", reprocha su gobernador, Luis María Linde, en el informe anual de la entidad publicado este martes.
El Ejecutivo, al contrario, ha dibujado un trazado deficitario hasta el primer superávit en 2021, un augurio que la AIReF considera este martes que no se cumplirá porque el gasto no se reducirá lo que espera el Gobierno de Rajoy. La valoración de la AIReF del objetivo de déficit para el 2018 pasa de factible a" improbable" como consecuencia de las nuevas medidas anunciadas, como la subida de pensiones del 1,6%.
Lo cierto es que la deuda pública baja, pero a cuentagotas. Tras coquetear dos años alrededor del 100% del PIB —es decir, una deuda equivalente a la riqueza creada durante todo un año—, el endeudamiento de las administraciones se elevaba en 2017 al 98,3% y el Gobierno augura que este año solo se reducirá al 97%. "Una corrección muy modesta", valora el Banco de España, teniendo en cuenta que España ha crecido tres años seguidos por encima del 3%.
En cualquier familia, lo que sobra del presupuesto mensual se dedica a pagar deudas, pero en el caso del Estado no está sobrando nada. Al revés, se sigue sumando déficit que se cubre con nueva deuda. Si el porcentaje está reduciéndose poquito a poco es porque el denominador (el PIB) está creciendo más de lo que aumenta el numerador (el dinero que se pide prestado)... pero este sigue rompiendo récords. España debía en marzo más que nunca: 1,16 billones de euros.
"Esto hace que España continúe presentando un grado notable de vulnerabilidad ante posibles perturbaciones", dice Linde. En otras palabras, reprocha que no se aproveche la recuperación para aliviar las cargas del país y prepararlo ante una futura crisis. La anterior se superó porque la deuda pública era inferior al 40% y se pudo aumentar exponencialmente para afrontar el agujero fiscal. ¿Qué pasaría ahora si azota otra recesión... y el país está el doble de endeudado?
Deber mucho deja dos problemas. Uno, que "se endurecen las condiciones de financiación de los agentes privados, lo que afecta negativamente a la inversión", analiza Linde. El segundo, que dedicar un volumen elevado de recursos a satisfacer la carga de intereses "motiva que estos no estén disponibles para otros gastos". Este año se abonarán 31.547 millones en esta partida. Por compararlo con algo, subir las pensiones al ritmo del IPC cuesta algo más de 2.000 millones.
Al Banco de España no parece gustarle la decisión del Gobierno de elevar las pensiones un 1,6% y aplazar la aplicación del factor de sostenibilidad. Dos medidas que rechazó el Ejecutivo una vez tras otra cuando las proponía la oposición y que acabaron finalmente en el libro amarillo presupuestario para amarrar el apoyo del PNV a las cuentas de 2018. "El sistema es deficitario y se verá presionado por el envejecimiento de la población, es deseable aumentar su transparencia, reforzar la relación contribución/prestación y mantener un mecanismo de ajuste automático que garantice su sostenibilidad", dice un Linde que finaliza este año su mandato.
¿Qué propone el regulador? Por la parte del gasto, recortar en algunas áreas y destinarlo a partidas con más incidencia en la productividad, lo que vienen a llamar "aumentar la eficiencia del gasto". Por el lado de los ingresos, aumentar el peso de tributos sobre el consumo como el IVA o los impuestos medioambientales, y aliviar las pérdidas de recaudación derivadas de los "elevados beneficios fiscales por las numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos".
El organismo defiende que el saneamiento bancario y la reforma laboral fueron "positivas", pero advierte que los logros en la recuperación descansaron "en parte en la mejora del ciclo económico", el bien comportamiento de los mercados exteriores, el abaratamiento del petróleo y los estímulos monetarios que permitieron "condiciones financieras muy holgadas". Por lo contrario, dice el informe, "las iniciativas para resolver los problemas estructurales fueron escasas", lo que deja los logros alcanzados en una situación de "fragilidad ante un eventual deterioro cíclico".
Los salarios crecieron un 0,2%... y los beneficios un 2,5%
Al igual que el año pasado, el reparto de la tarta del crecimiento vuelve a beneficiar a las empresas. El Banco de España calcula que los costes laborales unitarios crecieron en 2017 un 0,2% mientras los excedentes empresariales unitarios, incluyendo impuestos, lo hacían un 2,5%.
"La fuerte creación de empleo en la recuperación ha ido de la mano de un aumento muy modesto de las retribuciones", asegura el regulador. Gran parte de la culpa, dice, la tiene la "deriva salarial" —el crecimiento salarial no explicado en la negociación colectiva mengua 1,5 puntos— y que aumentan el peso de los nuevos entrantes en el mercado laboral con un "nivel salarial más reducido"respecto al total de ocupados.
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