Tras la polémica desatada por el chalet adquirido por Pablo Iglesias e Irene Montero, situado en la sierra madrileña, cabe destacar que no es la primera vez que la vivienda de un político suscita una gran oleada de críticas.

El chalet en cuestión, cuenta con 200 metros cuadrados de vivienda y 2.000 de jardín, y está valorado en 600.000 euros aproximadamente. Pero el motor de las críticas fue, sobre todo, el hecho de que el mismo Iglesias criticara en 2012 que Luis de Guindos se comprara un ático de lujo, valorado también en 600.000 euros.

La situación no era la misma, ya que el ministro de economía adquirió dicha vivienda como inversión, con la intención de alquilarla, no para vivir en ella, según informaron en su momento fuentes conocedoras de la operación. El ático se sitúa en la exlusiva urbanización de La Moraleja. De Guindos aprovechó la caída de los precios, ya que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, le habría costado 1,65 millones de euros (sin IVA).

Iglesias y Montero no son los primeros políticos de la formación morada que han sido atacados por la adquisición de un inmeble. En 2010, Ramón Espinar, diputado de la Asamblea de Madrid, compró una vivienda protegida en Alcobendas (Madrid) por 146.000 euros y meses después la vendió por 176.000. De entrada, se puso en duda el origen del dinero con el que había comprado el inmueble, ya que en ese momento, Espinar tenía 23 años y no recibía ingresos.

El cambio de coste se debe a que los precios de estas viviendas están tasados por la Comunidad de Madrid. Cuando Espinar la compró, tenía un valor, y cuando decidió venderla, había cambiado, obteniendo así una plusvalía de 30.000 euros antes de impuestos.

Por una situación similar pasó su compañera de partido y de lista para las elecciones a la Comunidad de Madrid de mayo de 2019, Tania Sánchez. En 2003, el mismo año en el que entró en política como asesora del grupo municipal de IU en Rivasvaciamadrid, fue agraciada con una vivienda de protección oficial que vendió unos años después obteniendo una plusvalía.

Años después, siendo ya edil en el municipio, su hermano resultó agraciado con otra VPO. Ambas adjudicaciones fueron, presuntamente, legales y por sorteo.

También en 2010, se desató la polémica por la mansión que Felipe González pretendía construirse en Tánger (Marruecos), a pie de playa. Para llevar a cabo su propósito, el expresidente del Gobierno compró un terreno de 30 hectáeras a la Casa Real marroquí, aunque en 2014 se lo vendió al rey de Arabia Saudí, Salmán bin Abdulaziz, por 2,5 millones de euros.

El que fuera durante años presidente de Castilla-La Mancha no ha podido evitar la polémica respecto a sus propiedades urbanísticas. El expresidente manchego tiene dos propiedades de lujo. Una de ellas en Albacete, corazón de su mandato, que cuenta hasta con río privado.

Pero no es la única vivienda del político socialista que generó sorpresa. José Bono es propietario de un ático construido en el centro de Madrd, en el barrio de Salamanca y valorado en 1,6 millones de euros que puso a su nombre y al de una de sus hijas.

Al parecer, según diferentes informaciones periodísticas, José Bono habría llegado a acumular a lo largo de estos años un total de 12 propiedades inmobiliarias, que luego fueron objeto del proceso de divorcio.

Un caso más reciente fue el de la mansión de Puigdemont en Waterloo. El expresidente de la Generalitat, alquiló por 4.400 euros al mes una residencia de 550 metros cuadrados con un amplio jardín en la ciudad belga. Al parecer, los gastos corrían a cargo de un empresario amigo del expresident.

También ha estado en algún momento en el centro de las polémicas por varias de sus propiedades el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Cuenta con dos apartamentos en Galicia, uno en Sanxenxo y otro en Pontevedra; y uno en Madrid, en el Paseo de la Castellana. También posee el 25% de un bungalow en Mogán (Gran Canaria), adquirido en 2004.

Pero la que aparece registrada como "vivienda habitual", aunque desde el comienzo de su mandato reside en La Moncloa, es su dúplex de Aravaca (Madrid), que costó 1,5 millones de euros y abarca 279 metros cuadrados de una exlusiva urbanización en la que los vecinos pagan 1.000 euros al mes para los gastos de la comunidad.