Imagen de la reunión mantenida.
Imagen de la reunión mantenida. DIPUTACIÓN DE HUESCA

Durante la reunión, la RAPA ha coincidido con los planteamientos de depuración más sostenible en lo medioambiental y económico que plantea la DPH en sus primeros proyectos de plantas ecológicas para cuatro localidades pirenaicas. Por su parte, la Red ha mostrado a Miguel Gracia la propuesta que han elaborado para la reforma del ICA, dando un giro a la gestión de la depuración en Aragón.

De esta forma, han dado por iniciada una campaña informativa que recorrerá las diferentes comarcas altoaragonesas y con la que pretenden que esta cuestión no solo se vincule a los principales centros de población aragoneses porque "los vecinos de los municipios medianos son los más perjudicados con los sobreprecios, si se tiene en cuenta el coste real de esa depuración".

Los representantes de la RAPA han puesto sobre la mesa un documento que recoge al detalle estas cifras y unos mecanismos de financiación que rebajan los costes del actual Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración y devuelven a los municipios sus competencias. Un nuevo modelo de depurar las aguas que coincide en muchos puntos con la línea de trabajo de la DPH en la provincia.

El encuentro celebrado ha contado con la asistencia de la presidenta de la Red del Agua Pública de Aragón (RAPA), Isabel Torrecilla, junto a otros dos miembros, José Ángel Oliván y Jesús Sampériz.

PROYECTOS PILOTO

Varios municipios pirenaicos ya cuentan con los primeros proyectos de depuradoras ecológicas adaptadas a las condiciones locales, alejándose de plantas para el tratamiento de vertidos concebidas como prototipos a escala reducida de las grandes instalaciones de depuración. Las poblaciones elegidas son Sahún, Albella, Ligüerre y Javierre.

Estos proyectos están basados en las denominadas tecnologías extensivas. Su redacción ha sido realizada por la Diputación de Huesca a través de la Fundación Nueva Cultura del Agua y el Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua.

Los documentos muestran la compatibilidad de las condiciones exigidas con técnicas de funcionamiento simple y costes de explotación asumibles por los ayuntamientos. El mantenimiento se reduce por debajo de 12.000 euros al año en todos los casos.

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