Marlen Minguell y Gerard Serra en el Juzgado Penal 2
Marlen Minguell y Gerard Serra en el Juzgado Penal 2 EUROPA PRESS

El exinterventor de la Diputación de Lleida J.M. ha declarado este viernes en el Juzgado Penal 2 de Lleida -que juzga la querella que presentó por acoso laboral contra dos cargos de la institución- que su cese se debió a que no daba conformidad al pago de todas las facturas, subvenciones, horas extras, días de vacaciones o licitaciones en las que, según ha dicho, era condición que todas las obras se adjudicaran a empresas de Lleida.

Están acusados el coordinador de Nuevas Tecnologías, Gerard Serra, y la jefa de Organización y Gestión, Marlen Minguell, por un presunto caso de acoso laboral al exinterventor y a un técnico informático y delegado sindical de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, que en calidad de sindicalista cuestionó en los medios de comunicación el cese J.M.

"Me opuse al pago de la cena de la vigilia de las elecciones en el Puerto Olímpico de Barcelona (23 de noviembre de 2012) de 21 comensales a 50 euros, que se presentó fraccionada en tres pagos", ha contado en el juicio el exinterventor, que ha dicho también que cuestionó las facturas de un viaje a California del presidente, Joan Reñé, porque no se presentó una justificación del mismo.

También cuestionó ayudas del plan de salud a los municipios para fines distintos como tanatorios y piscinas; el pago de una multa por circular a 170 kilómetros sin comprobar quién conducía el coche de la Diputación, y ayudas al ayuntamiento de la Fondarella del que es alcalde Reñé.

En su declaración ha relatado que antes de su cese, el 1 de octubre de 2013, la jefa de organización le advirtió que si no colaboraba sería cesado, que fueron intervenidos sus ordenadores, que se sintió arrinconado y aislado en un despacho deteriorado, que ha estado recibiendo tratamiento médico y que finalmente ha dejado la Diputación para incorporarse al Ayuntamiento de Ascó.

El director de Recursos Humanos, Alexis Guallar ha explicado que una vez cesado por la pérdida de confianza de presidencia, según su versión por las quejas de los ayuntamientos en la tramitación de subvenciones, se creó un puesto de trabajo para el exinterventor, y ha quitado importancia sus quejas sobre el despacho asegurando que hay otros en las mismas condiciones en el Palau de la Diputación.

El juicio continúa el día 25 con las declaraciones de los testigos que no han podido intervenir este viernes, entre ellos el presidente de la Diputación, Joan Reñé, y los acusados y la audición de una conversación entre el exinterventor y Marlen Mingell.

La Fiscalía acusa solo a Marlen Minguell para quien solicita un año y nueve meses de prisión por un delito de acoso funcionarial; y la acusación particular de los funcionarios, representada por el letrado Pau Simarro, acusa a Minguell y Serra y pide para cada uno de ellos cuatro años de prisión.

Por su parte, la Diputación de Lleida ha asegurado en un comunicado que en la primera sesión del juicio no se ha demostrado la existencia de acoso laboral.

"Finalizada la primera sesión del juicio oral no se ha acreditado la existencia de 'moobing', no habiéndose aportado por la acusación ningún testigo directo sobre los hechos de los que supuestamente acusan a los dos directivos de la corporación", señala la institución.

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