El Gobierno gallego impulsará una batería de medidas con el fin de "agilizar" y "corregir los retrasos" de los procesos de valoración de discapacidad, con el objetivo de poder reducir la lista de espera y, en breve, lograr el objetivo de que la respuesta pueda formalizarse en un máximo de tres meses desde que se produce la solicitud de evaluación por parte del ciudadano, el plazo que fija la ley.

Para ello, la Xunta lanza varias medidas: incidirá en el "refuerzo" de equipos de evaluación, simplificará las solicitudes, reducirá la documentación a aportar y mejorará la gestión de las citas. Pero también se apoyará "con mayor intensidad" en la historia social única y el reconocimiento de una invalidez del 33% será "automático" para quien la Seguridad Social haya constatado que existe una incapacidad permanente.

El paquete de iniciativas estará "plenamente operativo" a partir de junio y el objetivo es cumplir los plazos que fija la ley. Y es que, en la actualidad, el Gobierno gallego admite que tiene "un problema". En términos "de media", la espera en la respuesta a las solicitudes "está por debajo de un año", aunque en Vigo y Pontevedra se supera este periodo.

De las medidas y el objetivo global ha dado cuentan el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, quien ha estado acompañado en su comparecencia por el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, tras una reunión del Consello de la Xunta con un marcado componente social y laboral.

Feijóo y Rey Varela han incidido en que el Ejecutivo aspira a dar respuesta también a las exigencias de la valedora do Pobo, Milagros Otero, y al mandato de la Cámara.

MÁS EQUIPOS DE VALORACIÓN

En concreto, Rey Varela ha anunciado la puesta en marcha de 14 nuevos equipos de valoración, lo que se traducirá en un incremento del 74% al pasar de los 19 equipos actuales a 33 y que se distribuirán: seis en la sección de Pontevedra, cuatro en la de Vigo, y un equipo nuevo en las ciudades de A Coruña, Ferrol, Lugo y Ourense.

Esta medida supondrá la incorporación de 51 nuevos profesionales -16 médicos, 15 psicólogos, 14 trabajadores sociales y seis auxiliares- por un plazo de seis meses, lo que supone una inversión que supera el millón de euros. Está previsto que los nuevos equipos entren en funcionamiento a partir del próximo mes de junio.

Por otra parte, y dado que casi un 30 por ciento de las citas de valoración son canceladas o no se realizan, se pondrán en marcha medidas para mejorar su gestión, incluyendo actuaciones relativas a la confirmación y sustitución de citas programadas que permitan aumentar el número de valoraciones diarias realizadas.

En este sentido, se pondrá en marcha con carácter inmediato un servicio de confirmación y recordatorio de citas a través de 'sms', remitido al solicitante o a la persona de contacto designada, para evitar la no asistencia a las citas de valoración programadas.

RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO

Por otra parte, dentro de este conjunto de medidas, se reconocerá un grado de discapacidad del 33 por ciento de forma automática a aquellas personas a las que la Seguridad Social les haya atribuido una pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta o de gran invalidez.

También se llevará a cabo un proceso de revisión del procedimiento de valoración de la discapacidad y la simplificación del modelo de solicitud, evitando la aportación de documentación a la que se pueda tener acceso si el solicitante autoriza su consulta. El objetivo es que el documento sea "lo más sencillo y comprensible".

Además, con la extensión del acceso y uso de la historia social única electrónica (HSUE) -plataforma que integra en un mismo sistema todos los datos relativos a la historia social del solicitante- se facilitará la coordinación de todos los agentes que intervienen en el procedimiento, a la vez que se eliminará la necesidad de aportar otros documentos que hasta ahora eran necesarios en el proceso.

RESOLUCIÓN EN UN MES

Por último, se les dará prioridad en la valoración de la discapacidad a personas con ELA para que su resolución se emita en el plazo máximo de un mes desde el momento de la solicitud.

En el futuro, se va a considerar la posibilidad de extender esta tramitación urgente a otras personas con patologías con características similares.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

En su comparecencia, Feijóo también ha ratificado que la Xunta aprobó la cuantía de los contratos públicos que reservará para los centros especiales de empleo y las empresas de inserción laboral, que para 2018 será como mínimo del 3% sobre los contratos marcados en la Ley de Racionalización del sector público autonómico.

El objetivo de la actuación, que está regulada desde 2015 a través de esta normativa, tiene como objetivo fomentar e impulsar el acceso al trabajo entre las personas con capacidades diferentes y en riesgo de exclusión social.

La Administración autonómica remarca que adjudicó en los últimos tres años contratos públicos por valor de más de 14 millones a este tipo de entidades que generan empleo y contribuyen a la inserción sociolaboral de los colectivos con más dificultades para encontrar empleo.