Tras conocer que no se ampliaba el plazo, SPJ-USO ha informado de su decisión a través de un comunicado, en el que explica que se suma a la oferta en un "ejercicio de responsabilidad" y, "sobre todo de representatividad" por ser "el sindicato mayoritario".

Y es que, según argumentan, ante la "imposibilidad de poder consultar a los trabajadores" por la negativa de la Administración a ampliar el plazo de respuesta, han decidido unirse al acuerdo toda vez que lo contrario puede suponer "un grave riesgo de pérdida de los derechos" y condiciones conseguidas durante las negociaciones.

En concreto, la propuesta de la Administración se traduce en un aumento de 140 euros más al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirán el 50% de este alza en este ejercicio una vez que se valide el acuerdo, el 30% en 2019, y el otro 20% en 2020.

También contempla un plan de recuperación del trabajo paralizado por las jornadas de huelga que se elaboraría con el TSXG y con la Fiscalía y al que podrían adherirse todos los trabajadores del sector de forma voluntaria hayan o no secundando el paro. Además, incluye una cláusula de revisión para mantener los emolumentos de por encima de la media de las otras 12 comunidades más el 'territorio Ministerio'. Con todo, esta propuesta fue rechazada en asambleas por casi un 53% de los trabajadores.

(Habrá ampliación)

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