Podem València pondrá en marcha un ronda de contactos con la ciudadanía para plantear una posible remunicipalización de la gestión del agua e incluirlo en su programa de las elecciones de 2019. El objetivo es saber si la sociedad lo percibe como una problemática, por lo que la formación morada plantea realizar una consulta ciudadana a través del Ayuntamiento -donde tiene representación en València en Comú (VALC)- o con medios propios.

La iniciativa se enmarca en el pacto social por el agua por el que apuesta Podemos a nivel estatal. En la Comunitat Valenciana, Podem quiere impulsarlo en ayuntamientos de las tres provincias: ya lo ha presentado en Alicante y lo ha dado a conocer este viernes en València, en un encuentro con concejales de las candidaturas del cambio, antes de llevarlo a Castellón.

En el caso de València, la gestión del agua potable corre a cargo de la empresa mixta Emivasa, participada al 20% por el Ayuntamiento y con la concesión establecida hasta 2052, según han desgranado en rueda de prensa el diputado en el Congreso Pedro Arrojo, la portavoz municipal de VALC, María Oliver, y el secretario de Municipalismo de Podem, Jaume Monfort.

Si bien la formación no puede "asegurar que el agua vaya a ser más barata" con la gestión pública, aspira a eliminar el beneficio empresarial al entenderlo como un derecho de la ciudadanía. Podem también quiere acabar con "la tendencia de las empresas del agua a los casos de corrupción", ha recalcado Oliver.

Su intención es trabajar la cuestión de forma conjunta entre los ayuntamientos y "abrir el melón del agua en toda España", ante su "absoluto convencimiento de que es un problema mundial" y con el objetivo de que las familias en situación de exclusión tengan unos "mínimos" de acceso.

Ahora bien, la portavoz en València ha reconocido la dificultad de "abrir la caja de pandora sobre el agua" y que los ciudadanos lo perciban como un problema, ante la tasa actual de paro y el coste de acceder a una vivienda. Sí ha puesto el foco sobre "la percepción entre la ciudadanía de que nos toman el pelo con la factura".

La propuesta de la formación pasa por separar la tasa Tamer o "impuesto ecológico" de la factura, para que así "la gente sepa realmente lo que cuesta el agua en todo su recorrido: desde que se potabiliza hasta que llega a las casas", ha ilustrado Oliver. En esta línea de transparencia, también propone explicar a la ciudadanía las opciones que hay y "por qué se cogen unas y otras no, como los trasvases o las desalinizadoras".

CONSULTA CIUDADANA

En este proceso, Podem primero recogerá la opinión de la sociedad civil y de los colectivos que han trabajado la gestión del agua como un "derecho humano", al hilo de los procesos que ha llevado a cabo València en Comú en materia sanitaria, educativa y cultural, con las 'escoletes' o el Teatre El Musical (TEM). También con estudios para recabar información de la gestión y el respaldo legal, además de contactos con ciudades como Barcelona, a la que quiere mirar "muy de cerca".

Respecto a la consulta ciudadana que plantea para un futuro, la portavoz ha puesto como ejemplo la que se propuso en Barcelona y fue rechazada hace un mes. En la capital del Turia, ha manifestado la voluntad de VALC de hacerla junto a sus socios de gobierno -Compromís y PSPV-, para lo que ve necesario que haya "lealtad" sobre este tema, pero también ha apuntado la posibilidad de realizarla con los medios propios de Podem.

Preguntada al respecto por la postura de la coalición y el grupo socialista sobre el agua, la portavoz de VALC ha lamentado que es un tema que prácticamente "no se ha tocado" y con el que el Ayuntamiento ha seguido "una línea muy continuista" respecto al anterior Gobierno municipal del PP, si bien ha reconocido que es un proceso "complejo". Por ello, de cara a los comicios de 2019, ha avanzado que estará en el programa y a partir de ahí se podrá negociar.

"Somos una red de ciudades en la provincia de Valencia, el País Valencià, el Estado español y Europa que tenemos muy claro que el agua se está utilizando a nivel mundial como una futura herramienta de poder sobre las personas que menos tienen", ha enfatizado Oliver, para denunciar la "trama de empresas del agua que están haciendo un sistema de colonización de lo más sibilino".

TRAMPAS

A nivel estatal, el diputado de Unidos Podemos Pedro Arrojo ha coincidido en que el agua ha pasado de ser "un bien a un negocio" y ha criticado la postura del PP: "discretamente" y mediante decretos ley y la figura de los contratos de cesión. "Lo que era una concesión pública, ahora se puede vender al mejor postor", ha ilustrado, en lo que ve "una legislación trampeada por el Partido Popular para hacer del agua un bien mercantil".

También ha denunciado que los 'populares' tienen "más de 100 leyes bloqueadas" en el Congreso gracias al veto conjunto con Ciudadanos, entre las que se incluyen las relacionadas con el agua. El parlamentario lo ha definido como "demoras pactadas hasta final de legislatura".

En cuanto al proceso, Arrojo ha explicado que "los ayuntamientos reciben un canon concesional a cambio, una trampa para los que están en una situación de 'anorexia financiera'". Ha señalado además que las concesionarias tienen derecho a pedir el beneficio esperado en todo el periodo establecido.

En definitiva, "les dan como salida privatizar el agua", ha lamentado, y ha criticado que se haga "de mutuo acuerdo con las empresas de gestión, a través del control del monopolio".

AUDITORÍAS DE LAS QUE SALEN "TRENES DE PORQUERÍA"

Ante estos casos, el diputado ha defendido que primero es necesario llevar a cabo "una buena auditoría" en la gestión del agua de cada ayuntamiento, de la que ha advertido que pueden salir "trenes de porquería".

Por contra, ha destacado la apuesta de Podemos para que las obras hídricas salgan a concurso público como en Francia y se inicien procesos de remunicipalización similares a los de los "ayuntamientos socialistas" de Valladolid y Tarrasa (Barcelona). Ha animado a que València siga su ejemplo: "Es una pelea fuerte pero es la pelea en Europa y el mundo".