El conflicto de la justicia sigue formalmente abierto a la espera de lo que ocurra este viernes, fecha en la que culmina el plazo que, en mesa sectorial, dio la Xunta a los siete sindicatos del sector para que le comuniquen si se adhieren a su última oferta o no. Si no lo hacen, ha advertido que se sentirá "liberada" de cualquier compromiso y adoptará la decisión que corresponda para cerrar formalmente el conflicto.

Y es que, un centenar de días después del arranque de la huelga indefinida de los trabajadores de la justicia en Galicia, "histórica" por su duración -en palabras de dirigentes sindicales consultados por Europa Press-, el paro fue "interrumpido" la semana pasada y se podría decir que su seguimiento es simbólico, pero no ha sido desconvocado.

Sin embargo, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ya la da por zanjada y ha anunciado que, a partir de la próxima semana, no habrá servicios mínimos. A su modo de ver, es necesario ya fijarse "en el día después", planear la recuperación del trabajo aplazado y no perder el tiempo "con los últimos trámites" de la huelga.

De este modo, confía en que este viernes se ratifique "el fin del conflicto", aunque no ha avanzado qué pasos dará la Xunta. El Gobierno gallego busca "el acuerdo" de al menos alguno de los siete sindicatos que, en este momento y pese a haber mantenido la unidad durante gran parte del conflicto, tienen visiones dispares.

LA XUNTA MANTIENE LA PROPUESTA

En este escenario, optó por reunir esta semana a la mesa sectorial, donde volvió a poner ante los sindicatos la misma propuesta del 26 de abril, fecha en la que se rompió la unidad de los representantes de los trabajadores, ya que AXG-CUT, CIG y STAJ se opusieron a un "preacuerdo" que sí avalaron SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO.

Fue el detonante de una votación, al día siguiente, en la que la propuesta de la Xunta recibió el no de casi el 53% de los trabajadores del colectivo. Por el camino, se ha reconfigurado el comité de huelga, del que han salido UGT y CC.OO., y en el que solo participan ya de forma activa SPJ-USO, AXG-CUT, CIG y STAJ.

Desde el Gobierno gallego se ha incidido en que la votación del 27 de abril estuvo contaminada por "amenazas y coacciones". De hecho, en la reunión de este lunes de la mesa sectorial el único cambio consistió en retirar del texto de su "preacuerdo" el punto que aludía, precisamente, a que los funcionarios votarían la propuesta.

¿QUÉ OFRECE LA ADMINISTRACIÓN?

Así las cosas, la propuesta de la Administración se traduce en un aumento de 140 euros más al mes para los médicos forenses, 135 para los gestores, 127 para el cuerpo de tramitación y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirán el 50% de este alza en este ejercicio una vez que se valide el acuerdo, el 30% en 2019, y el otro 20% en 2020.

También contempla un plan de recuperación del trabajo paralizado por las jornadas de huelga que se elaboraría con el TSXG y con la Fiscalía y al que podrían adherirse todos los trabajadores del sector de forma voluntaria hayan o no secundando el paro.

POSTURAS DE LOS SINDICATOS

A la espera de lo que ocurra este viernes, Alternativas na Xustiza-CUT, CIG y STAJ ya han avanzado que para sus organizaciones es "válida" la votación de los trabajadores, que rechazaron por mayoría la propuesta que la Xunta mantiene invariable, por lo que no se sienten interpelados por el ultimátum de la Administración.

Por su parte, SPJ-USO mantiene la intención de consultar a "todos" los trabajadores y registrará una petición de prórroga de unos días ante la Xunta a primera hora de este viernes, según ha confirmado a Europa Press, con el fin de que haya algo más de tiempo para poder testar entre los funcionarios su postura.

Esta solicitud de algo más de tiempo es vista con buenos ojos por parte de CC.OO. y UGT, según han ratificado a Europa Press este jueves ambos sindicatos que, al igual que CSIF, está en conversaciones internas y con sus afiliados por distintas vías de consulta.

Si el conflicto, como desea la Xunta, quedase cerrado este viernes, lo haría después de una huelga que ha suspendido unos 17.000 juicios -según datos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)- y miles de trámites jurídicos en la comunidad.