Así lo ha anunciado en un comunicado el PRC, que ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía para que investigue la gestión de Gutiérrez en los montes públicos y las contrataciones realizadas con la empresa Emilio Bolado y la empresa Canteras Lamadrid.

En los tres escritos presentados ante la Fiscalía, los regionalistas ponen de manifiesto las diferentes actuaciones realizadas por la presidenta de la Junta Vecinal desde el año 2000 al 2016 que han provocado "un considerable quebranto" al patrimonio económico de la Junta Vecinal, en su opinión.

Así, en las contrataciones efectuadas con la empresa Emilio Bolado, que ascienden a 357.327 euros, los regionalistas denuncian ante la Fiscalía que existen discrepancias, "con graves reparos", de la Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento de Valdáliga y requieren que se estudie sus consecuencias jurídicas, su justificación documental y el resultado final de los mismos.

También piden investigar las contrataciones con Emilio Bolado en relación a las facturas abonadas durante el periodo 2006-2012, que no fueron debidamente autorizadas ni tramitadas, ni jurídica ni económicamente, por la Junta Vecinal.

En cuanto a la gestión del aprovechamiento de los montes públicos, el PRC apunta que los posibles delitos que ha podido cometer la presidenta de la Junta Vecinal son prevaricación administrativa, malversación de fondos y caudales públicos y apropiación indebida, habiendo causado un perjuicio económico de 2.096.267 euros durante los años 2001 a 2016.

En este sentido, se pone de manifiesto que Gutiérrez Torre adjudicó en 2001 a diferentes empresas la licencia de aprovechamiento forestal del monte Lamadrid, debiendo las empresas pagar diferentes cantidades.

Sin embargo, en las cuentas de la Junta Vecinal las cantidades abonadas durante el periodo 2005-2016 "no coinciden con la cantidad fijada por el aprovechamiento" y que según la Consejería de Medio Rural debería ser de algo más de dos millones de euros.

Por ello, solicitan a la Fiscalía que abra diligencias para esclarecer la adjudicación del aprovechamiento de maderas en el MUP 342, por un periodo de 16 años.

La tercera denuncia efectuada por los regionalistas tiene que ver con las contrataciones de la empresa Canteras Lamadrid, ya que pudo haber "fraccionamiento de pagos" por parte de la empresa, por un importe de 330.840 euros entre el año 2000 y 2012.

Al respecto, el PRC recuerda en su escrito que la presidenta de la Junta Vecinal de Lamadrid adjudicó, mediante subasta, a Canteras Lamadrid el aprovechamiento de piedras y áridos en el MUP 342, por un periodo de 20 años, que finalizaba en diciembre de 2012.

Fruto de ese acuerdo, la empresa podía extraer anualmente 20.000 metros cúbicos de arena y piedra, por lo que debía abonar a la Junta 27.570 euros al año.

A pesar de ello, los regionalistas han constatado que los ingresos percibidos por la Junta relativos a la explotación de las canteras referentes a los periodos 2005-2012 "no coinciden con la cantidad fijada por el aprovechamiento anual" por la Consejería de Medio Rural.

Por ello, piden a la Fiscalía que analice la existencia o no de informes de la Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento de Valdáliga sobre la adjudicación a Canteras Lamadrid.

Asimismo, solicitan la facturas abonadas a Canteras Lamadrid en el periodo 2000-2012, así como los extractos de las cuentas de la Junta, durante el mismo periodo, y las actas de las juntas celebradas por la Lamadrid entre 2010 y 2012; además de que se tome declaración a la presidenta de la Junta, que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga en el periodo 2007-2015.

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