Varela ha indicado que aun se trata de un borrador que "es necesario debatir más", pero la intención de la consejería es que el decreto se apruebe antes de que concluya esta legislatura para de este modo regular y adecuar a la realidad esta situación que es tan heterogénea.

En este sentido Pilar Varela ha recordado que esa heterogeneidad se refleja en los datos ya que en total repartidos por el territorio 38 centros que mueven actividades con 150.000 personas implicadas, pero la realidad de cada uno de estos centros es muy diversa. Así del total de centros, 24 tienen personal propio y tienen centro de día, de los que 17 cuentan con una Junta de Gobierno y seis no.

La consejera ha explicado además que existen seis casas del Mar que funcionan como centro social y también hay cinco centros sociales integrados en otros centros polivalentes. "Está claro que hay una gran diversidad", ha indicado la consejera, que ha asegurado que los centros de mayores son más que un lugar "para ir a jugar al parchís o para apuntarse a una excursión".

Así ha indicado que los perfiles de usuarios han cambiado y las actividades también por lo que se hace necesario modificar la normativa que los regula y a buen seguro será la gestión económica la que mayor dificultad conlleve.

La titular de Servicios Sociales ha avanzado que el borrador con el que se trabaja plantea por ejemplo que cada centro tenga su propio NIF, o se habla ya de juntas de participación y no de juntas de Gobierno para tratar de buscar la participación y colaboración con otras entidades sociales. No obstante ha insistido en que se trata de un borrador inicial que habrá que debatir con las asociaciones.

Por su parte la diputada de Podemos, Rosa Espiño ha saludado que el Principado trabaje ya en este nuevo decreto y ha indicado que los centros públicos deben tener "paredes de cristal" más aun si cabe cuando hablamos de usuarios mayores y ha lamentado la opacidad que existe actualmente en dichas entidades.