La cesión se ha formalizado en un contrato que han suscrito el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, como presidente de AVRA, y el rector de la Universidad hispalense, Miguel Ángel Castro. El acuerdo, que entrará en vigor de forma efectiva el próximo 1 de septiembre con un año de vigencia, se desarrollará a lo largo del curso lectivo, facilitando residencia a miembros de la comunidad universitaria que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, según una nota de la Consejería de Fomento y Vivienda.

El consejero ha puesto de relieve que "se trata de un paso orientado a fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda para personas con dificultades y estos alojamientos irán destinados a las personas de la comunidad universitaria que carezcan de recursos, estén en riesgo de exclusión social o sufran algún tipo de discapacidad".

López ha señalado que "la valoración para seleccionar a los beneficiarios la realizará la Universidad y con ello se pretende el fomento de la autonomía personal, la ayuda mutua, tanto personal como académica, y la convivencia intergeneracional, ya que estos alojamientos están destinados a jóvenes menores de 35 años y mayores de 65 que comparten tareas y servicios comunes en este edificio".

Los alojamientos cedidos a la universidad serán compartidos por dos personas, por lo que se beneficiarán un total de 22 personas de esta iniciativa, que se constituye como una medida más de las que viene adoptando la Junta de Andalucía para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en sus promociones públicas.

Con la cesión a la Universidad de estos 14 alojamientos, que estaban reservados para situaciones de especial vulnerabilidad, se completará la ocupación del complejo residencial de San Bernardo, que cuenta con un total de 139 alojamientos protegidos, en los que residen jóvenes menores de 35 años y personas mayores de 65 años en una experiencia novedosa de convivencia intergeneracional que está aportando interesantes resultados.

Para la adjudicación de los alojamientos cedidos a la Universidad, ésta realizará una convocatoria pública, que deberá recoger las condiciones que están obligados a cumplir quienes quieran acceder a alguna de estas unidades residenciales. Los solicitantes deben ser demandantes de vivienda protegida, tienen que justificar ingresos por debajo de los límites establecidos por la legislación y no pueden ser propietarios de otra vivienda. El acuerdo establece que la Universidad abonará a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación todos los gastos de estas viviendas (alquiler, suministros, mantenimiento zonas comunes e IBI).

La promoción de 139 alojamientos protegidos en alquiler construida por AVRA stá ocupada desde el verano de 2016 por jóvenes menores de 35 años, que tienen reservados 84 alojamientos; mayores de 65 años, para los que hay un cupo de 36 unidades, y personas con movilidad reducida, que disponen de otros cinco alojamientos. Los 14 asignados ahora a la Universidad estaban reservados para personas en situación de vulnerabilidad y por lo tanto, necesitadas de especial protección. La existencia en la comunidad universitaria de estudiantes en esa situación motiva el acuerdo alcanzado por las dos instituciones que han firmado el acuerdo.

COSTE DEL ALQUILER

En una nota, la US ha señalado que estas 14 viviendas, ubicadas cerca de los campus universitarios de Pirotecnia y Rectorado, tendrán un alquiler a bajo precio, que oscilará, dependiendo de la vivienda, entre 123,58 y 132,58 euros para cada una de las personas que compartan la vivienda. En este alquiler ya se han incluido los gastos de agua, luz y comunidad.

A pesar del bajo coste, los interesados también podrán solicitar una ayuda económica en el marco de la convocatoria de ayudas para estudiantes con necesidades de apoyo personal asociadas a la discapacidad o por situación sobrevenida, que oscilan entre los 800 y los mil euros por curso académico y por persona.

La convocatoria de estas plazas en régimen de alquiler está destinadas once a estudiantes con discapacidad acreditada igual o superior al 33 por ciento que deseen convivir con un estudiante colaborador; así como otras once a estudiantes que deseen participar como estudiantes colaboradores en el citado Programa.

En el caso de que queden plazas sobrantes de los emparejamientos (estudiante con discapacidad + estudiante colaborador) podrán solicitar plaza las estudiantes que acrediten ser víctimas de violencia de género y el alumnado que acredite haber sido hijo de una mujer víctima de violencia de género. Si aún quedaran plazas libres se asignarán a personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.