El juicio por la demandas de nulidad del XII Congreso regional del PP de Cantabria se celebrará este martes 15 de mayo, a partir de las 9.30 horas, en el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santander. El congreso, celebrado en marzo del año pasado y en el que María José Sáenz de Buruaga ganó por cuatro votos al hasta entonces presidente, Ignacio Diego, abrió una profunda crisis en el Partido Popular de Cantabria que a día de hoy sigue abierta.

Declararán como testigos el afiliado del Partido Popular de Laredo desde cuya cuenta se abonaron las cuotas de 491 militantes para poder participar en la elección -y que según los denunciantes era discapacitado intelectual- y la que fue gerente del partido y presidenta del comité organizador del congreso, Jesusa Sánchez.

Las demandas, que se han acumulado, fueron presentadas una de ellas por tres afiliados del PP de Laredo, y la otra por afines al exlíder del PP y expresidente de Cantabria, Ignacio Diego, -que perdió el Congreso ante la que hasta el momento del congreso era su número 2- y que tenía entre los firmantes al diputado regional Santiago Recio.

Una de las pruebas que se verá en el juicio es la información solicitada al banco sobre cómo se realizaron las transferencias para el pago de las cuotas de esos 491 afiliados.

También en relación al tema de estas transferencias, uno de los argumentos en los que más se incide en ambas demandas de solicitud de nulidad del Congreso, se llamará, a petición de los querellantes, al afiliado del PP a través de cuya cuenta se realizaron las trannsferencias. También declararán otros testigos, entre ellos afiliados y miembros de los órganos del partido.

UNA CAUSA CON DOS DEMANDAS UNIFICADAS

Una de las demandas de nulidad tiene entre sus firmantes al diputado Santiago Recio, que fue director general de Turismo durante el Gobierno de Ignacio Diego, y a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga, Lorena García.

Fue presentada a través del abogado asturiano Manuel Estrada, quien consiguió anular en los tribunales el Congreso del PP de Gijón celebrado el 18 de octubre de 2014, en el que obtuvo la mayoría de los votos David González Medima, lo que supuso la celebración de un congreso extraordinario, que también recurrió ante la Justicia.

El escrito se basaba en diversas "irregularidades" que habrían resultado decisivas para el resultado del Congreso del PP cántabro celebrado el 25 de marzo del año pasado, dado el escaso margen de votos -cuatro- entre los candidatos, Buruaga y Diego.

Entre ellas, figuran las transferencias realizadas desde una cuenta de un afiliado de Laredo, que según se señalaba es discapacitado psíquico a una a nombre del PP para el pago de cuotas de 491 militantes, la no inclusión de algunos compromisarios natos o supuestas irregularidades sobre las papeletas, además de la consignación a mano por parte de algunos miembros de las mesas de nombres de personas en calidad de compromsiarios que, según se señala, no venían previamente incluidos en las listas.

Por dichos pagos supuestamente irregulares, el exconcejal del PP de Laredo Ramón Arenas había presentado una demanda que fue archivada por la Audiencia de Cantabria.

Y, por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander admitió a trámite la demanda interpuesta por tres afiliados al PP en Laredo contra el PP, en la que piden la nulidad por supuestas "ilegalidades" en el proceso congresual.

Fechada el 23 de junio y admitida el día 30, en la demanda de estos tres afiliados de Laredo se mantiene que el proceso de elección llevado a cabo para presidir el PP en Cantabria y renovar su Comité Ejecutivo Regional ha estado "pergeñado" de un "cúmulo de irregularidades e ilegalidades".

Entre ellas citan también la "adulteración o manipulación arbitraria del proceso electoral mediante el pago fraudulento de 491 cuotas de afiliados y compromisarios que no se encontraban al corriente de dicho pago, sin haberse prestado el preceptivo consentimiento expreso por los mismos a dicha cesión de datos a un tercero afiliado al partido".

También alegan la supresión "sin motivación legal alguna" de determinados compromisarios electos en el proceso electoral de 8 de marzo dentro de la circunscripción de Laredo, "sin haberles notificado, tampoco, resolución alguna con la razón de su eliminación de la lista de compromisarios al Congreso del 25 de marzo".

Y se alude también "la inclusión arbitraria" de otros afiliados no electos como compromisarios en el proceso de primarias del 8 de marzo y que, sin embargo, ejercieron el voto en el Congreso celebrado el 25 de marzo. Además, consideran que no se ha respetado el derecho a impugnar con las debidas garantías legales y con la preceptiva transparencia aquellos acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley y a los Estatutos del partido.