La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha sido imputada este viernes en el marco de la investigación por el polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, la ha llamado a declarar el próximo 26 de junio en calidad de investigada (imputada) por los presuntos delitos de falsificación de documento público y cohecho, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Fuentes del TSJM han informado de la decisión de la jueza, que este jueves comenzó la toma de declaraciones a los investigados en el caso y ha decidido realizar nuevas citaciones, incluida la de Cifuentes.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, quien dimitió el pasado 25 de abril como máxima autoridad de la Comunidad, también ha renunciado a su condición de diputada, es decir, ha perdido su aforamiento y puede ser investigada por un juzgado ordinario.

Cifuentes, que ha pedido el reingreso en la Universidad Complutense, será investigada por delitos que, además de pena de cárcel, llevan aparejada la inhabilitación especial para cargo o empleo público o al menos la suspensión.

La juez del número 51 de Madrid investiga las circunstancias en las que se produjo la aprobación del máster de la expresidenta madrileña en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), causa en la que, de momento, ha citado a cuatro personas más como investigadas.

La última de ellas, este mismo jueves, Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster y quien aseguró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación.

La juez tomó declaración a López de los Mozos como testigo, pero decidió imputarla por un presunto delito de prevaricación administrativa por haber calificado supuestamente a alumnos que podrían no haber cursado el máster de esa universidad.

Este jueves declararon ante la magistrada otras dos investigadas: Cecilia Rosado, profesora del máster de Cifuentes y secretaria del tribunal encargado de examinarla; Amalia Calonge, funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos que alteró sus notas.

La titular del Juzgado número 51 empezó la investigación por la denuncia de Ángela Figueruelo, catedrática de la Universidad de Salamanca y una de las profesoras cuya firma fue falsificada, en este caso en el acta de convalidación de notas.

Después, asumió la investigación que había iniciado la Fiscalía de Móstoles y finalmente decidió ampliar la causa para averiguar qué ocurrió con el acta relativa a la defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes.

Para el lunes 14 la magistrada ha citado como testigo a Ignacio Escolar, director de eldiario.es (que publicó las primeras informaciones sobre el caso) y ya el próximo 6 de junio al exdirector del Instituto de Derecho Público de esa universidad, Enrique Álvarez Conde, en este caso como investigado.

Ese mismo día declararán como testigos Figueruelo y otros doce testigos, entre ellos los profesores Alfredo Allué y Laura Nuño y nueve alumnos.

Poco después de conocer la noticia, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, afirmó en declaraciones a los medios que es partidario del "máximo respeto a la Justicia" y de respetar la "presunción de inocencia" de la expresidenta Cifuentes, de la que recordó que "ya no tiene actividad política".

"Nosotros tenemos que actuar con altura de miras", comentó Franco, quien reiteró que la "única alternativa" sería que el socialista Ángel Gabilondo, "alguien libre de toda sospecha", fuera investido presidente. "Están a tiempo de pensárselo", dijo en referencia a Cs, cuyos votos son clave para que el PP conserve el poder en la Comunidad.