Miguel Ángel Lafuente
Miguel Ángel Lafuente EUROPA PRESS - Archivo

El grupo parlamentario Popular de las Cortes de Aragón ha solicitado, asimismo, la comparecencia en sesión plenaria del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, de quien ha criticado su "prepotencia", para que analice las consecuencias de la sentencia.

Ha explicado en rueda de prensa que el Gobierno de Aragón publicó el 23 de marzo de 2017 una Orden por la que convocaba pruebas de acceso para nuevos funcionarios interinos como secretarios interventores de Ayuntamientos, "un auténtico ataque a los profesionales que ya estaban trabajando", ha considerado.

Según Lafuente, el Gobierno acusó a los interventores interinos que ya estaban ejerciendo de que no querían examinarse ni acreditar su valía profesional, "todo para desacreditar a un colectivo y tener las manos libres para hacer una auténtica purga".

De esta forma, ha continuado el diputado del PP, el Ejecutivo aprobó la realización de un procedimiento abierto que no valoraba "ni la experiencia ni la formación, algo impensable", "y después modificaron la convocatoria, cambiando algunos parámetros" porque "querían echar a la calle a unos profesionales con determinadas características". "Ya veremos lo que pasa con los que despidieron y con los que han aprobado", ha señalado Lafuente.

"UN COLECTIVO MASACRADO"

Ha observado que la convocatoria de la bolsa de empleo posibilitaba que "cualquier alcalde, por cualquier cuestión, pudiera echar a la calle a un secretario con un simple decreto". Así, la Asociación Sindical de Secretarios Interventores, "un colectivo masacrado por el Gobierno PSOE-CHA", recurrió la convocatoria.

El PP avisó al Gobierno de que "se podía meter en un berenjenal de cuidado", pero los populares fueron tildados de "agoreros", ha lamentado Miguel Ángel Lafuente, quien se ha quejado de que el director general ninguneó a la asociación y dijo que "un gran número de secretarios no estaban capacitados".

"El nudo gordiano fue el ataque a la independencia de unos funcionarios públicos y a la dignidad de un colectivo", ha aseverado el parlamentario del PP. Ha dejado claro que los secretarios interinos que ya estaban trabajando cuando se aprobó la Orden "jamás dijeron que el problema fuera afrontar unos exámenes", sino que "siempre dijeron que era un ataque a la independencia profesional del funcionario público".

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