En un comunicado, el departamento autonómico ha precisado en estos términos las "inexactitudes" que considera que contienen las críticas de la entidad. El CVCA ha acusado este jueves a la Conselleria que dirige Gabriela Bravo de "degradar" el servicio público de la justicia gratuita en la Comunitat por la "improvisación y desorden" en la gestión, provocado por "la impericia" y el "desconocimiento" en la materia, tras la reunión que mantuvieron este pasado miércoles la propia consellera y la Plataforma de Abogados del Turno de Oficio.

Tras recalcar que los representantes institucionales y los técnicos han trasladado "en todo momento" la colaboración entre Justicia y los colegios de abogados, la dirección general ha defendido que esta línea de trabajo "siempre ha estado presidida por la idea de consenso".

Por este motivo, la orden de baremos ha sido acordada con el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, algo de lo que se informó a la plataforma en el encuentro. "Esta voluntad de consenso también ha presidido la adecuación a la normativa de la subvención y los pagos, tanto como compensación por el servicio de asistencia gratuita como a los colegios profesionales por su funcionamiento", subrayan desde el departamento.

Ponen como ejemplo el "cambio de modelo" que se plasmó en el decreto 17/2017 del Consell, por el que se aprueba el reglamento de asistencia jurídica gratuita, "puesto en marcha todo este año y en el que los colegios han participado de forma colaborativo".

En la misma línea, la dirección general ha destacado la "preocupación exquisita" de la Conselleria en el pago puntual de los baremos y las obligaciones que en cada momento eran exigibles, al entenderlo como una "prioridad" para la Tesorería de la Generalitat: "Las compensaciones dignas de los abogados exigen un trato equiparable a otros servicios públicos como la sanidad o la educación".

Dentro del modelo de justicia gratuita y de calidad, Justicia ha defendido como "elemento primordial" la formación de los profesionales que prestan el servicio. Una formación "especializada y continua, a la que se ha contribuido con convenios de formación impulsados desde 2016, además de las correspondientes contribuciones en los gastos de funcionamiento de los colegios, que suponen un importe anual de 2,355 millones de euros".

Este modelo también exige, en consonancia con la normativa de subvenciones, "un control del gasto transparente y eficaz, debido a que se está gestionando dinero público proveniente de los impuestos recaudados a la ciudadanía", reivindican desde el departamento.

"NUNCA HA PUESTO EN DUDA" LA REPRESENTACIÓN

Por todo ello, insisten en que "la Conselleria de Justicia nunca ha puesto en duda la representación institucional del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ni de las ocho instituciones colegiales que lo conforman".

"Al contrario, además de su participación en los órganos consultivos creados por el decreto, se han mantenido reuniones periódicas; la última el pasado 20 de abril, en la que además de comunicarles las novedades, se les invitó a realizar propuestas de mejora en el funcionamiento de la justicia gratuita".

En concreto, en este encuentro, Justicia les informó de aspectos como el incremento presupuestario realizado desde 2015, el aumento de los baremos y su adecuación a "lo que se había perdido con los recortes del 60% en 2011" y para compensar la subida del IPC desde 2015. "En algunos casos, el incremento ha sido superior para igualarlo a la media de los baremos de las comunidades autónomas", resaltan desde la dirección general.

También se les informó de la reunión celebrada el 24 de abril por el observatorio de justicia gratuita, con la participación de miembros de los colegios de abogados, procuradores y técnicos de la Generalitat. Allí se propuso la evaluación de la puesta en marcha del decreto un año después, así como las propuestas de modificación de procedimientos, adecuación de los módulos o del propio decreto, en una reunión a llevar a cabo el próximo mes de junio.

"ABIERTA A LAS PREOCUPACIONES"

Por otra parte, desde Acceso a la Justicia insisten en la disposición de la Conselleria "siempre abierta a la ciudadanía y a sus preocupaciones", por lo que se ha reunido con distintos colectivos además de los representantes institucionales. Recientemente se han producido encuentros con representantes de colectivos de discapacitados o con la plataforma por un turno de oficio digno.

Se trata de colectivos que "han mostrado su acuerdo y satisfacción con las medidas emprendidas por esta Conselleria, que tienden a garantizar el derecho efectivo de acceso a la justicia, la dignificación de la prestación del servicio del turno de oficio y la garantía del derecho a la justicia gratuita", puntualizan desde la dirección autonómica.