Podemos insiste en eliminar los "obstáculos" para abortar y PP le acusa de "criminalizar" a los profesionales del SMS

  • CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La diputada del Grupo Parlamentario Podemos, Mari Ángeles García, ha defendido sin éxito en la Asamblea Regional que se eliminen los "obstáculos" en la Región para que las mujeres no tengan que acudir a clínicas privadas para interrumpir voluntariamente su embarazo. La

Asamblea Regional ha rechazado con los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos una iniciativa en este sentido.

Durante el debate parlamentario, la diputada del PP Patricia Fernández ha acusado a Podemos de "criminalizar" a los profesionales del Servicio Murciano de Salud que se han acogido a la objeción de conciencia.

"Demonizáis a los que apostamos por la natalidad o por continuar con el embarazo", le ha espetado la 'popular' a los de Podemos. Desde el PP han avanzado que el Gobierno está redactando una ley de Familia que asesore a las embarazadas sobre la continuidad del embarazo y han insistido en "respetar" a los profesionales que han manifestado la objeción de conciencia a la que les ampara la ley y también por respetar a aquellas mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

Sin embargo, desde Podemos han recalcado que de los profesionales que trabajan en el Servicio Murciano de Salud hay 31 que no han declarado esa objeción de conciencia, "por lo que podrían practicar el aborto". La parlamentaria ha puntualizado que en el año 2016 unas 3.300 mujeres abortaron en la Región "y todas lo hicieron en clínicas privadas que no tienen concierto con el Servicio Murciano de Salud".

Podemos también ha recibido críticas de Ciudadanos que consideraba que uno de los puntos de la moción presentada por la formación morada incitaba a las mujeres a abortar por encima de la semana 22 de embarazo. A esto, han puntualizado de Podemos que lo que quieren es que esas mujeres llegada esa semana "sean escuchadas por los comités clínicos" para estudiar casos de graves malformaciones o enfermedades fetales.

Por su parte, la socialista Consuelo Cano ha pedido que se cumpla la ley de Salud Sexual, así como que se garantice el derecho y la gratuidad a la sedación en las interrupciones voluntarias del embarazo en las clínicas concertadas.

Durante el Pleno, el PSOE ha sacado adelante una iniciativa para pedir al Gobierno de España que congele las actuales retribuciones de las plantas fotovoltaicas hasta el final de la vida regulatoria de estas instalaciones sin que se produzcan recortes ni

se minore su retribución.

El diputado del PSOE, Rafael González Tovar ha explicado que a los meses de haberse financiado las instalaciones fotovoltaicas de 62.000 familias en España, de las cuales 18.000 son de la Región, se tuvieron que enfrentar a decretos que "han cercenado la rentabilidad" de estas instalaciones. El socialista ha abogado por "impulsar elementos positivos como el autoconsumo".

Aparte de eso, el Pleno ha dado su apoyo con la abstención de Podemos a una moción del PP, que ha sido transaccionada, para evitar la desaparición de bancos y cajeros en diputaciones y pedanías. Según han recordado, en la Región en los últimos 10 años se han cerrado más de 500 oficinas, por lo que se ha insistido en conseguir que la población de dichos núcleos pueda acceder a las oficinas.

A través de aportaciones de otros grupos, se ha solicitado la firma de convenios con las Entidades Locales para instalar cajeros automáticos en dependencias municipales en aquellos municipios donde se adolece de éste servicio y la puesta en marcha de oficinas bancarias itinerantes.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para ofrecer

ayudas específicas para el sector de la flor cortada en la Región. Estas ayudas deberían incluir, según ha expuesto Luis Francisco Fernández, recursos para ampliar inversiones y modernizar el sector, a través de la investigación, el desarrollo y la innovación, así como para la participación en ferias internacionales. Durante su intervención ha criticado que no existen líneas de ayudas nacionales ni regionales desde el 2011, mientras que este sector factura unos 60 millones de euros.

Desde el parlamento regional también han querido mostrar su apoyo a la Academia General del Aire durante la celebración de su 75 aniversario. Durante la propuesta del PP, la diputada Mónica Meroño ha destacado los hitos históricos que han marcado el desarrollo de la actividad formativa de la AGA cuya primera promoción ingresó en el año 1945.

Y ha resaltado a la creación del Centro Universitario de la Defensa y el acuerdo alcanzado con la Universidad Politécnica de Cartagena para proporcionar a los alumnos la titulación de ingenieros en Organización Industrial.

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