La Asociación Andaluza de Estudios Penales, con sede en Granada, ha retirado su personación como acusación popular en la causa penal contra Ana Julia Quezada por la muerte violenta del niño de ocho años Gabriel Cruz en Níjar (Almería), si bien se mantiene como parte la asociación Clara Campoamor.

El juez instructor Rafael Soriano aceptó la personación de ambas entidades al entender que, de acuerdo a los estatutos de ambas, concurría "interés en la defensa del menor" y remarcó su especialización en asuntos penales.

La retirada de esta asociación del procedimiento llega después de que la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, se pronunciase al respecto para reclamar que se proteja la imagen de su hijo.

Aunque agradeció la iniciativa de ambas entidades, Patricia les pidió que se retirasen y les dejasen "actuar de la mejor forma" que "será la que consiga un juicio justo y una sentencia que esté acorde con la atrocidad cometida", ante un procedimiento que se prevé "duro" y en el que se tendrá que hacer frente "a la sinrazón, la impotencia y el desgarro", pero en el que confía.

La presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, defendió la "responsabilidad" con la que actúa la entidad a la que representa en defensa "de todos los menores por igual" después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería aceptase su personación acusación popular.

Ruiz trasladó su "respeto" ante el pronunciamiento de la madre del niño, si bien recalcó el "compromiso" adoptado en sus estatutos en defensa de los menores.

Ruiz aseguró que Patricia puede estar "tranquila" en relación a la protección de la imagen del pequeño, ya que "la asociación nunca va a dar información judicial y no dice nada de ella" en el ámbito público puesto que "lo que hace es trabajar sobre el papel y sobre la causa". "Nunca hemos dado ni una autopsia, ni de broma", apostilló.

"Lo que vamos a hacer es coger el Código Penal y actuar con él en la mano en su máxima gravedad", recalcó a la hora de explicar que la misión de la asociación es "trabajar únicamente" en el marco del procedimiento para asegurarse la responsabilidad penal de la investigada, que, "a día de hoy" encajaría con la petición de prisión permanente revisable, según observó.