Un informe pericial al Juzgado de Instrucción número 21 de València, que investigó inicialmente la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc -partido mayoritario en Compromís- entre los años 2007 y 2011 antes de inhibirse a instancias judiciales de Madrid, Gandia y Benidorm, detectó imprevisiones e incoherencias en el expediente de contratación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por parte del Ministerio a la empresa Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturaba servicios para los socialistas valencianos, y en la cronología de ese contrato.

En un escrito del pasado 20 de marzo al Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid -que investiga ahora esa contratación tras la inhibición del de València- Fiscalía considera que estos hechos, en el estado inicial en el que se encuentra el procedimiento, presentan caracteres de prevaricación administrativa en concurso con malversación de caudales públicos y falsedad documental

El juzgado que arrancó la investigación pidió a la Intervención General de la Administración del Estado la designación de un perito en las diligencias que mantenía abiertas, quien concluyó en su informe que la cronología de hechos recogida en el expediente de contratación 'Realización de la creatividad y producción de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012', adjudicada a Crespo Gomar por 126.208 euros, resulta "incoherente e imposible".

El perito cuestiona en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, la declaración en octubre de 2008 bajo la forma de "urgente" de la licitación, por parte del director del Gabinete de la ministra Beatriz Corredor, ya que considera que "más que una urgencia parece una imprevisión" y añade que incluso el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señala que no se cumple la motivación requerida por la ley en casos de urgencia.

Además, añade que la duración no se prevé y únicamente se señala que deberá ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008, y que no consta en el expediente el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación. En este caso, indica que hay "una inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento de la mesa en diversas sesiones y las sustituciones de algunos de ellos cuya presencia no se acredita".

INCUMPLIMIENTO "GRAVE"

Asimismo, detalla que pese a existir documentación "incorrecta" de empresas licitadoras, "no se espera a subsanar esta" para abrir la documentación técnica y en los oficios de remisión para el estudio técnico se hace referencia a una empresa que no licitó en ese contrato. En este punto, el perito ve que no se cumple el pliego de cláusulas y con un "incumplimiento" del pliego "más grave", se abrió la oferta económica "sin disponer de los informes técnicos". El perito constata que se incumple el pliego al no constar la valoración de las ofertas técnicas.

Al respecto, concreta que el motivo de calificarlo como "grave" es que se disponga de los criterios de valoración subjetivos antes de aplicar los matemáticos, como garantía de transparencia. Además, subraya que se cumplió la normativa al requerir a una de las empresas aspirantes que presentaba baja temeraria que lo justificara, pero agrega que se consideró no admisible "sin mayor motivación" y que no consta en el expediente el informe que consideraría insuficiente esa explicación.

Respecto a la cronología, indica que el informe técnico está fechado el 11 de diciembre -incluyendo a la empresa de la baja temeraria- y que esa mismo día se reúne la mesa que propone adjudicar provisionalmente el contrato a Crespo Gomar; se adjudicó provisionalmente el 15 de diciembre y se propuso para la definitiva el 29 de diciembre, día en que se fiscaliza y adjudica. El contrato aparece firmado ese mismo día y sigue apareciendo el plazo de ejecución con fecha de 31 de diciembre.

El perito llama la atención en el hecho de que el Abogado del estado bastanteó el poder para formalizar el 5 de enero -entró al Ministerio el 7- cuando la formalización se hizo días antes, el 29 de diciembre, y en el contrato se dice que ese bastanteo es de esa misma fecha. Todo ello se efectuó con cargo al presupuesto de 2008.La cronología para el perito es "incoherente e imposible".

El Juzgado número 24 de investiga por estos hechos a tres responsables de la Mesa de Contratación, a los que les ha citado a declarar el próximo 11 de mayo. Las diligencias se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos.