Suárez-Quiñones, en Burgos.
Suárez-Quiñones, en Burgos. EUROPA PRESS

El consejero ha recordado que este convenio, dotado con 200.000 euros financiados al 50 por ciento por ambas administraciones, se sustenta en un compromiso de legislatura del PP para mantener población y generar actividad económica en el medio rural.

El objetivo de este convenio es, en concreto, ayudar a los pequeños municipios que carecen de medios suficientes para elaborar un instrumento urbanístico de planeamiento general propio que sirva para establecer normas básicas para alcanzar un equilibrio sostenible entre la población, las actividades productivas y la protección de los valores naturales y culturales.

Para el correcto seguimiento de este convenio se creará una comisión mixta paritaria para la dirección y supervisión de las acciones comorendidas en el mismo, cuya vigencia está prevista inicialmente hasta el 31 de diciembre de este año, con la posibilidad de prorrogarse hasta un máximo de cuatro años.

En la provincia de Burgos, existen en la actualidad 187 municipios sin planeamiento, el 50 por ciento del total, donde viven 16.813 personas, lo que supone algo más del 4,7 por ciento de la población del conjunto de la geografía burgalesa, por lo que estas futuras normas afectarán a un pequeño porcentaje poblacional pero a una parte sustancial del territorio.

La Ley de Urbanismo de Castilla y León incorpora la figura de normas urbanísticas territoriales con el objetivo de establecer una ordenación urbanística básica en los municipios sin planeamiento urbanístico general propio y que sustituyen a las antiguas normas subsidiarias de planeamiento municipal.

Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, de los que más de la mitad, 1.265, carecen de planeamiento general, lo que afecta a un 8,2 por ciento de la población y al 43,2 por ciento de la superficie de la Comunidad.

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