Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa la presidenta del PP y exconsejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, quien ha afirmado que de la documentación recabada por su partido, que se corresponde sólo con una "muestra" de contratos, se desprenden a su juicio "serios indicios" de posibles delitos de malversación, tráfico de influciencias, falsedad documental y usurpación de funciones.
Y ello por "adjudicaciones a dedo mediante el uso fraudulento" de la contratación menor; la recepción y pago de obras sin terminar y de suministros sin haber sido entregados; el "desembarco" de asesores externos que "intervienen e interfieren" en los procesos de contratación; y la elaboración de informes "a la carta" para "dirigir" las adjudicaciones.
Buruaga ha afirmado que "no es partidaria de judicializar la vida política" y que "ha tratado de evitarlo por todos los medios". En su opinión, ha sido "el propio Gobierno" el que les ha "abocado y empujado directamente" hacia la Fiscalía porque "es la única forma de que se abra una investigación exhaustiva e independiente".
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