Rafael Catalá
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. ENRIQUE GÓMEZ

El Ministerio de Justicia anunció el viernes que convocaría a seis mujeres expertas en derecho penal para analizar los delitos de agresión y abuso sexual, tras la polémica por la sentencia de La Manada, después de que se cuestionara que hubiera encargado la reforma a una comisión de expertos formada por 20 hombres y ninguna mujer. Este martes el ministerio aseguró haber conseguido fichar a cinco expertas para participar en las reuniones de la comisión, pero finalmente se han quedado en cuatro las mujeres que integrarán el grupo asesor.

A la carrera, a 48 horas de la primera reunión de los expertos, que tendrá lugar este jueves 10 de mayo, Justicia informaba mediante un comunicado del fichaje de cinco mujeres expertas en derecho penal: Avelina Alonso de Escamilla, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Blanca Hernández Oliver, Carmen Lamarca Pérez y Victoria Ortega Benito.

Pero finalmente una de ellas, Mirentxu Corcoy, catedrática y directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, renunciaba a su puesto al percatarse de que no se trata de una incorporación permanente a esa comisión, sino de una participación puntual. "No me parece de recibo", ha explicado en declaraciones a la agencia EFE.

El trabajo de estas vocales a las que se ha fichado 'in extremis' será "temporal" por adscripción a la sección de penal de la comisión de categorización, un órgano consultivo prelegislativo del Ministerio de Justicia. De ellas se espera que puedan aportar "voz y voto" para determinar la corrección técnica y utilidad práctica de los delitos sexuales, acompañado, en su caso, del texto articulado de una propuesta legislativa de reforma en la que se concreten las modificaciones necesarias a la luz de dicho informe, añade el comunicado del ministerio.

Este mismo martes, un grupo de una veintena de expertas en derecho penal de toda España hacían público un comunicado en el que criticaban la solución "temporal" aportada por el Ministerio de Justicia y reclamaban una paridad en las comisiones, tal y como establece la ley de igualdad. También el PSOE en el Congreso de los Diputados ha registrado una proposición no de ley para exigir paridad de forma permanente en dicha comisión de expertos.

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), por su parte, ya había emitido un comunicado en el que aseguran que "las mujeres no quieren ser víctimas sino protagonistas" y exigen la composición paritaria de todos los organismos e instituciones, formación con perspectiva de género transversal y el cumplimiento del estatuto de la víctima, para evitar su culpabilización y revictimización.

Las mujeres que sí participarán en el informe sobre los delitos sexuales son: Avelina Alonso Escamilla, catedrática en derecho penal por la Universidad CEU San Pablo. Entre sus últimos artículos consta uno sobre acoso sexual en Internet y otros sobre agresores sexuales menores de edad. Blanca Hernández Oliver, que fue delegada del Gobierno de Violencia de Género y desde el año 2004 es letrada de la Cortes Generales. Carmen Lamarca Pérez, por su parte, doctora por la Universidad Complutense y adscrita a la Carlos III. Es miembro del grupo de estudios de política criminal y de la Asociación Libre de Abogados (ALA).

Por último, Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Doctora por la Universidad de Valladolid, es profesora de la Universidad de Cantabria. En el comunicado de aceptación del puesto el Consejo de la Abogacía considera sus aportaciones al debate de la reforma legal "necesarias" y aboga por una "clarificación" del articulado del Código Penal y "su adecuación a las normas internacionales".

A última hora de este martes, fuentes de Justicia explicaron que, si bien la lista ha quedado cerrada para la primera de las reuniones que mantedrá la comisión este jueves, no se descarta que otras expertas, mujeres, puedan incorporarse en próximos encuentros dado su carácter semanal. Los expertos deberán elevar un informe definitivo el 15 de junio.