Esta imposición, que se haría efectiva a partir del 1 de enero de 2019, es una de las medidas que el Ministerio de Hacienda quiere poner en marcha y supondría que Castilla y León pasara a ser una de las regiones con mayores subidas de impuestos.

Con la reforma tributaria, el nuevo gravamen de tramo autonómico generará un incremento para los usuarios de nuestra región de 4,8 céntimos de euro el litro de carburante, que habrá que sumar a los 2,4 que se vienen aplicando hasta la fecha pasando, así pues, a partir de primeros de año a 7,2 céntimos de impuestos especiales.

Según las estimaciones de la Alianza UPA-COAG, esta medida impositiva supondrá de media a cada agricultor de Castilla y León un sobrecoste de 480 euros por explotación y año, tomando como referencia el consumo medio de 10.000 litros anuales de combustible, y 14,75 millones de euros en el global de la Comunidad Autónoma, considerando los aproximadamente 307 millones de litros de gasóleo agrícola que se vienen consumiendo anualmente en el conjunto de la región.

La alianza apunta que el incremento, que lo sufrirán todos los ciudadanos de Castilla y León, es especialmente gravoso para sectores, como el agrario, que requieren de su consumo a nivel profesional, por lo que este coste incidirá negativamente en la rentabilidad de cada explotación y profundizará en una situación de crisis provocada por los precios en origen tan bajos que están generalizados en el sector agrícola y ganadero.

La Alianza UPA-COAG considera un despropósito este fuerte incremento del impuesto sobre el carburante por parte del Gobierno central, puesto que daña las economías más modestas, y ataca frontalmente a un consumo de primera necesidad y de uso imprescindible para agricultores y ganaderos.

A día de hoy, por cada euro que un agricultor paga por llenar de gasóleo el depósito de su tractor, solo la mitad corresponde al valor real del combustible, mientras que el resto son impuestos.

La alianza, a través de un comunicado recogido por Europa Press, califica como un "varapalo" económico para el sector profesional agrario que salgan adelante unos presupuestos con este nuevo gravamen, puesto que el gasóleo B es junto a los piensos, los fertilizantes o los productos fitosanitarios, un factor determinante para la economía de agricultores y ganaderos.

Alerta por ello sobre una situación que cada día que pasa resulta más complicada para los profesionales del sector primario, con incrementos de costes pero no de ingresos, y con bajadas de precios en origen por los desequilibrios de la cadena agroalimentaria.