Puigdemont, en Berlín
 Puigdemont junto a la portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, en Berlín. EFE

El Parlamento de Cataluña aprobó este viernes una reforma legal para permitir la investidura de Carles Puigdemont mediante un procedimiento al que se opone el Consejo de Garantías Estatutarias y el Gobierno ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional que dejará sin efecto la norma y su aplicación, de manera que no será posible investir al expresident.

JxCat, ERC y CUP han sumado los votos suficientes para aprobar una reforma legal que contempla que se puedan hacer debates de investidura del presidente de la Generalitat sin que el candidato esté presente en el hemiciclo, con una autorización previa por mayoría absoluta, para la que serían suficientes estos tres partidos.

Esto que pasó este viernes es muy parecido a lo que ocurrió el pasado mes de enero, cuando JxCat, el partido de Puigdemont, ya impulsó una reforma de esta misma Ley de Presidencia, que como esta semana también apoyaron ERC y la CUP y que fue tumbada de manera preventiva por un recurso del Gobierno ante el Constitucional como el que ultima ahora.

Esta especie de Día de la Marmota a la catalana ocurre, además, a 18 días de que el próximo 22 de mayo se cumplan dos meses desde la de momento única votación de investidura, que tuvo lugar el pasado 22 de marzo con Jordi Turull de candidato.

Entonces, el exconseller no logró los votos de la CUP, que desde las elecciones del 21 de diciembre se niega a investir a nadie más que a Puigdemont. La investidura no salió adelante pero sí se puso en marcha el reloj que contará los dos meses desde la primera votación hasta el momento en que, si no hay Gobierno, el Parlamento se disolverá y se convocarán nuevas elecciones que, este caso, caerían el 15 de julio, en pleno verano.

Más realismo de JxCat y ERC

A pesar de lo parecidos que son los acontecimientos de ahora y los de hace cuatro meses, sí parece haber una diferencia. Los políticos independentistas han llegado a este segundo intento de investir a Puigdemont, huido en Alemania, más divididos. Además, en el seno de ERC y en algunas partes de JxCat impera más pragmatismo que hace meses.

Así, el pasado 26 de enero el Pleno acordó modificar la ley para permitir que Puigdemont, que entonces ya estaba fugado, pero en Bélgica, fuera investido a distancia y, a pesar de recurso que interpuso el Gobierno, el presidente del Parlament, Roger Torrent, no vio obstáculos para convocar un Pleno de investidura para unos días después, el 30 de enero.

Sin embargo, Torrent decidió finalmente no desobedecer al Constitucional y terminó aplazando sine die aquel pleno de investidura que tenía como candidato a Puigdemont. Lo más parecido que hubo después a una investidura fue la votación fallida de Turull, que al día siguiente ingresó en prisión por orden del juez Pablo Llarena, que instruye en el Tribunal Supremo la causa contra el proceso independentista.

Ahora, el escenario preinvestidura al que llegan los partidos independentistas es distinto. También lo es el hecho de que conocen de primera mano el efecto de que el Gobierno recurra ante el Constitucional la reforma de la Ley de Presidencia.

Aunque la CUP sigue apostando por desobedecer a los tribunales, diputados de JxCat y de ERC se rinden ante la evidencia de que un recurso del Gobierno ante el Constitucional hará imposible, una vez más, la investidura de Puigdemont.

Al ser el Ejecutivo quien recurre, la mera presentación del recurso tiene un efecto paralizante del hecho recurrido, de manera que, tanto ahora como entonces, Puigdemont no podrá ser investido en virtud de una norma reformada porque, al haber sido impugnada, no tendrá efecto.

Así las cosas, el diputado de JxCat Albert Batet defendía este viernes la legitimidad de Puigdemont para volver a ser investido pero no fijaba plazos, como intentó hacer Torrent en enero. "La mayoría republicana no se rendirá. No nos rendiremos, el presidente Puigdemont no se rendirá", proclamaba en lugar de señalar una fecha.

En las filas de ERC, Antoni Castellà ha admitido que puede que la Ley de Presidencia reformada "no servirá para investir a nadie porque se la cargarán" por la vía judicial.

A principios de año, el Gobierno consideraba un "mal mayor" la investidura "de una persona que tiene una orden de búsqueda y captura por unos delitos como rebelión, sedición o malversación de caudales públicos".

"¿Qué hemos impugnado? La propuesta de candidato que hace el señor Torren", dijo entonces la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "Podía haber propuesto más de 100 diputados. Entendemos que no puede proponer al señor Puigdemont ni tampoco celebrar un Pleno sin el candidato".

Con estos antecedentes, el Gobierno recordaba esta semana al hilo del nuevo recurso que tiene preparado a que en su fallo anterior, el Constitucional "ya advirtió a los responsables de la cámara autonómica de la obligación de respetar las resoluciones del alto tribunal".

Reunión en Berlín

En este contexto, el expresidente catalán reunirá este sábado en Berlín a su núcleo duro de JxCat para discutir cómo proceder de ahora en adelante. La cuestión es decidir si merece la pena presentar un candidato que sea "viable" para el Gobierno y que, por tanto, acuda a una investidura que no sea impugnada desde Madrid, o dejar correr el reloj hacia una nueva convocatoria de elecciones.

Puigdemont aseguró en una entrevista reciente que no quiere nuevas elecciones, de manera que si opta por que haya Gobierno, tendrá que hacerlo también por que sea un nombre que no esté implicado judicialmente en el procès.

En este caso, el nombre de Elsa Artadi aparece como una posibilidad cada vez más real, después de que ERC, Òmnium Cultural y hasta PdeCat, partido del que se dio de baja, hayan respaldado su eventual candidatura.