En este sentido, se insta al Gobierno central a modificar la Ley 23/2013 y el Real Decreto 5/2013 con el fin de garantizar que la revalorización de las pensiones nunca sea inferior al incremento del IPC anual y, así, los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.

Además, también se plantea la posibilidad de un pago extraordinario a cada pensionista equivalente al poder adquisitivo que haya podido perder los últimos diez años, comparando la revalorización de su pensión y el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Según la diputada de El PI, Maria Antònia Sureda, "la Ley 23/2013 reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones ha tenido consecuencias muy negativas para los pensionistas porque abandonó el esquema anterior fundamentado en el IPC, cuyo objetivo era el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones".

Esta iniciativa también insta al Ejecutivo nacional a impulsar las modificaciones fiscales necesarias para que la pensión no sea considerada renta y sea una cantidad exenta a la hora de calcular el Impuesto de Renta de las Personas Físicas.

Según han explicado desde El PI en un comunicado, los factores para el cálculo del índice de revalorización son los ingresos de la seguridad social, el importe de la pensión media y la evolución del número de pensionistas. De este modo, "durante los últimos años los pensionistas han ido perdiendo poder adquisitivo y la previsión es que en el futuro perderán mucho más si se mantiene el sistema vigente", han lamentado.

ACCESIBILIDAD

Por otro lado, el Parlament también ha aprobado la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas que debe adoptar el Gobierno central para garantizar condiciones básicas de accesibilidad.

En este sentido, la Institución insta al Ejecutivo nacional a elaborar un calendario que señale las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de los próximos meses, en todos los ámbitos, para dar cumplimiento a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de todos los espacios, productos y servicios que sean competencia de la Administración General del Estado, antes de un año como máximo. El Gobierno presentará este calendario ante la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Esta iniciativa también solicita que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplen una partida destinada a la financiación de las actuaciones necesarias para dar cumplimiento de los compromisos derivados que se señalen en dicho calendario.

Asimismo, se pide crear un Fondo Estatal de accesibilidad universal por el que, del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1 por ciento se destine a la accesibilidad física y tecnológica en las administraciones públicas.