El partido morado, que impulsó la comisión de investigación, entiende que se debe reconocer que los 3,2 millones de euros que TEKA aportó al proyecto provenían de las indemnizaciones por despido de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa, algo que en vía judicial se ha desestimado.

En sus conclusiones sobre la comisión de investigación de Ecomasa-Néstor Martín que se ha desarrollado en el Parlamento de Cantabria desde noviembre de 2016, Podemos pide que se analicen las responsabilidades que pueda tener el entonces director general del ICAF, Jorge Gómez de Cos, "quien conociendo que el proyecto Ecomasa era perjudicial para los intereses de Cantabria, continuó con su desarrollo, incluso después de conocer valoraciones negativas de la gestión de los titulares de la empresa".

Asimismo quiere que se depuren las responsabilidades que pudieran tener los entonces consejeros de Industria y Economía, Eduardo Arasti, y Cristina Mazas, respectivamente, "responsables directos del proyecto Ecomasa ante el Gobierno de Cantabria, por su dejación de funciones ante los diversos informes técnicos que apuntaban el nulo desarrollo del proyecto y, en definitiva, del fracaso de este proyecto con su consiguiente repercusión económica para Cantabria".

Podemos responsabiliza del fracaso del proyecto al entonces presidente, Ignacio Diego, por autorizar y promover en un primer momento, un proyecto "basado en ilusiones y esperanzas", cuando "justamente por ello, debería haberse preocupado de exigir todo clase de informes financieros, de mercado y de viabilidad". "Sin embargo, hipotecó la vida de muchos trabajadores por un power point de 15 páginas", señala la formación morada en sus conclusiones.

Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas.

Por último, solicitan una revisión de las posibles responsabilidades que puedan derivar de la calificación de culpabilidad en el concurso de acreedores por las posibles salidas fraudulentas de bienes y la concesión de "importantes" préstamos financieros a otras empresas del grupo de Andrés de León y Manuel Jesús Lavín.

El portavoz de Podemos en la comisión, José Ramón Blanco, considera confirmado que la solicitud de avales en Ecomasa fue realizada ante la administración regional "sin soporte documental suficiente, ni informe económico, ni estudio de aspectos técnicos, industriales y comerciales de un tercero", limitándose a aportar un documento sobre garantías con incidencias, y una resolución que declaraba estratégica la operación.

Además, señala que en el primer informe de la Comisión de Seguimiento de fecha 4 de octubre 2013 ya se detectaban "serios problemas" en la consolidación del negocio, reducida liquidez y por tanto elevada incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos de pago de futuros derivados del contrato de Prestamos del ICAF.