El Partido Popular considera que en la comisión de investigación sobre Ecomasa-Nestor Martin "ha quedado acreditado de forma concluyente" que la actuación pública ha sido "intachable, ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, sujeta a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones, no existiendo ni tan siquiera el carácter de excepcionalidad en ninguna de las actuaciones".

Así lo señala el PP en sus conclusiones sobre la comisión de investigación, registradas hoy por el portavoz, Eduardo Van den Eynde, quien ha solicitado que se aplique al expresidente regional, Ignacio Diego, "el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Miguel Ángel Revilla por el caso GFB, Racing, Cantur y Nueva Papelera del Besaya".

Para el PP, en la comisión de investigación se ha "demostrado" que el proyecto Ecomasa mantiene "sustanciales diferencias con otros proyectos analizados en anteriores comisiones de investigación.

"Tanto por la transparencia de los actos, como por la pluralidad ideológica y profesional del personal implicado en su gestación, control y seguimiento, como por la abundancia de informes y documentación, queda claro que no ha existido ni dolo ni negligencia en ningún caso", sostiene.

El PP entiende que no existen más responsabilidades que las de carácter político, y que éstas deben ser matizadas en función del contexto en que se gestó y se puso en marcha el proyecto.

Así, defiende que la voluntad política "ha sido siempre la de trabajar por el interés público, colaborando en la promoción de un proyecto empresarial con el motivo exclusivo de garantizar el empleo a la mayor parte de los trabajadores afectados por el ERE de extinción de Teka".

Añade que esa voluntad política, inherente a la responsabilidad de gobierno, se articuló a través del ICAF y Sodercan siguiendo criterios "exclusivamente técnicos y amparados en informes y decisiones colegiadas de los órganos de dirección y supervisión de dichas instituciones.

"La responsabilidad política ha sido plenamente reconocida por los miembros del gobierno, en virtud de sus competencias y sus efectos han sido depurados en las urnas, como corresponde a cualquier acto político desarrollado dentro de la absoluta legalidad", señala el PP en sus conclusiones.

Por otro lado, remarca que, tras varios procesos judiciales en los diferentes ámbitos (social, civil, mercantil y penal), algunos ya resueltos y otros pendientes de resolución, no ha habido nada más que una persona de la administración investigada por unos hechos muy concretos (cursos de formación) y su causa ha sido archivada, lo que a su juicio "es significativo de que la actuación pública ha sido, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, intachable".

El PP considera "demostrado" que los promotores, Andrés de León y Jesús Lavín, "no sólo no eran personas de dudosa trayectoria o desconocidas, sino, muy al contrario, personas con una larga trayectoria profesional y empresarial en nuestra región y vinculados al sector en el que se desarrollo el proyecto, "independientemente de que adoptasen decisiones que hoy sabemos erróneas incluso para sus intereses".

Añade que no existió un presunto conflicto de intereses por parte del ex director gerente de ICAF, que "puso en conocimiento del Consejo que en el pasado mantuvo una relación empresarial de carácter residual con uno de los promotores, ausentándose en la toma de decisiones".

RESPONSABILIDAD DE PRC-PSOE

Para el PP, el actual Gobierno PRC-PSOE tuvo "una clara responsabilidad" en la liquidación de Ecomasa, por "cuestionar continuamente la viabilidad de la empresa, lo que tuvo un efecto directo en la anulación de los pedidos de los principales distribuidores"; y la no renovación de los avales, "que hubiera permitido, sin coste adicional, la ejecución íntegra del plan de viabilidad encargado por el Parlamento".

"Entendemos que esa decisión fue un grave error, pero en todo casoes una decisión política legítima adoptada, entendemos, de formalegal y adecuada a la normativa, pero no exenta de responsabilidades políticas", señala el PP en sus conclusiones.

Por otro lado, defiende que ECOMASA fue "un proyecto real, en el que hubo una actividad productiva real que dio como resultado productos innovadores y de calidad, con un volumen estimado en variosmiles de unidades producidas y comercializadas". "No estamos ante una entelequia, sino ante una empresa que tenía desarrollo de producto, innovación, calidad y capacidad de producción", apostilla.

PÉRDIDA DE DINERO PÚBLICO "MAGNIFICADA"

El PP considera que la cuantificación de la pérdida de la aportación pública a raíz de la quiebra de Ecomasa, "ha sido magnificada por intereses políticos".

Al respecto, señala que cuando se habla de 18 millones de euros de dinero público "no se tiene en consideración" que existió una actividad empresarial durante varios años, "con el consiguiente retorno de una parte sustancial de la aportación pública (pagos de los costes laborales, impuestos, pagos de intereses de la deuda, etc.)".

Añade que está pendiente de sentencia el pleito en la Corte Francesa por estafa contra Wanders y sus auditores, lo que permitiría, en su caso, una recuperación de los más de cuatro millones de euros invertidos en la compra del 50% del capital de la compañía.

Y por último, señala que una parte de la financiación se efectuó a raíz de una iniciativa parlamentaria promovida por el PRC y que se aprobó sin ningún voto en contra, que instaba precisamente a la administración regional a aportar recursos con el fin de evitar el cierre de la fábrica y recuperar, mediante un plan de viabilidad, no solo la financiación pública sino, especialmente, el mantenimiento de los puestos de trabajo.

"No existiendo más responsabilidad que la política de carácter indeterminado; y descartada cualquier otra responsabilidad, sea ésta civil o penal, como ha quedado demostrado en los diferentes procedimientos judiciales, cabe concluir que la presente Comisión ha sido extemporánea y de escasa utilidad", concluye el PP, "tal y como cabía esperar al abordar asuntos que ya han sido o están siendo abordados en procesos judiciales y siempre en relación a laactuación de la propia empresa".