El PRC entiende que el proyecto de Ecomasa fue una "operación fraudulenta", una "estafa de 21,2 millones de euros" -18 aportados por el Gobierno y 3,2 procedentes de las indemnizaciones de los trabajadores de Teka-, perpetrada por los dueños de Ecomasa, Andrés De León y Jesús Lavín, con la "connivencia" del Gobierno del Partido Popular.

Los regionalistas consideran "acreditada" la "participación y vinculación directa" del Gobierno de Cantabria, a través de la figura del gerente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, "en el entramado financiero urdido para obtener la financiación pública y beneficiar a De León y Lavín".

Además, los regionalistas concluyen que hubo "coacción y engaño" a los trabajadores para que sus indemnizaciones pasaran a Ecomasa sin que ellos lo supieran.

(Habrá ampliación)