En la rueda de prensa posterior al Consejo, Pola ha explicado que en la contratación pública dejará de ser criterio prioritario el precio más bajo para incorporar estas cláusulas, incluyendo además

como criterio la relación calidad-precio y cumpliendo así uno de los objetivos marcados en la Concertación Social con la patronal y sindicatos.

Todo ello, ha explicado, para "avanzar" en la búsqueda de la mejor relación entre calidad y precio, incluyendo criterios cualitativos en el procedimiento para valorar también aspectos como la innovación y los componentes sociales y medioambientales. Las instrucciones aprobadas establecen prescripciones para la incorporación de estos requisitos en todas las fases de tramitación de los contratos -la definición del objeto del contrato, la selección del contratista, la fase de posibles prohibiciones, la de adjudicación y la de ejecución-.

De este modo, en la fase de preparación, el presupuesto base de licitación deberá reflejar los costes salariales estimados según el convenio colectivo del sector, desglosado por géneros y categorías profesionales.

A partir de su puesta en vigor, tanto los contratistas como las subcontratas deberán cumplir con las condiciones recogidas en los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. La Dirección General de Trabajo será la encargada de elaborar y mantener actualizado un listado de los convenios sectoriales de aplicación para cada contrato.

La guía de contratación, por su parte, incluye 52 disposiciones en tres bloques, cada uno de ellos dedicado a las cláusulas sociales, medioambientales y éticas.

Con la inclusión de estas cláusulas el Gobierno persigue favorecer la calidad del empleo, la inserción de personas con dificultades especiales de acceso al mercado laboral, la eficiencia energética, la sostenibilidad, o la promoción del comercio justo y la lucha contra el fraude fiscal.