Así se recoge en la notificación, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y recogida por Europa Press, que firma la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María Ángeles Luna, y que se suma a los expedientes de reintegro de ayudas referidos a esta misma fundación que ya puso en marcha en su día la Consejería de Empleo, ante supuestas mordidas a las nóminas de trabajadores empleados con dichas ayudas, cuestión ésta que también se investiga en los juzgados cordobeses.

En concreto, esta nueva notificación se hace "a los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas", informando a Fundación Guadalquivir Futuro de que "se encuentra a su disposición el acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro correspondiente", referido a una subvención inscrita en la "línea 10" para el "mantenimiento de entidades privadas dedicadas al ámbito de la acción social".

A la Fundación Guadalquivir se le indica también en la notificación "que dispone de un plazo de 15 días para que realice las alegacioneso presente los documentos que estime pertinentes" a dicho expediente de reintegro, que, según publica 'El Día de Córdoba', afecta a una subvención de 2.460 euros que le concedió la Administración autonómica en noviembre 2016 y que Fundación Guadalquivir Futuro destinó en principio para el mantenimiento de su sede social.

A lo largo de 2016, según ha detallado el citado rotativo, esta fundación recibió de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales cuatro ayudas, por un valor global de casi 32.000 euros. Entre ellas se incluye la de 2.460 euros que ahora se le pide que la devuelva, mientras que las otras tres pertenecen a otros tantos expedientes de subvenciones y que ascienden a 19.779, a 7.828 y a 1.874 euros.

Este expediente de reintegro se suma a los que ya aprobó, por otras subvenciones, la Consejería de Empleo, que igualmente acordó sancionar a la Fundación Guadalquivir, presidida por Ángeles Muñoz, a cuenta de las supuestas mordidas a las nóminas de trabajadores empleados con tales ayudas públicas, cuestión ésta que también se investiga en los juzgados cordobeses.