El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos
El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos FAMP

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha criticado el "doble rasero" que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montero, aplica, "con férreos controles a corporaciones locales y comunidades autónomas frente a una política de manga ancha con las cuentas estatales".

Además, en un comunicado, Rodríguez Villalobos ha mostrado su "profunda preocupación por los límites" hasta los que se está llevando "el cumplimiento de los parámetros de estabilidad a las administraciones locales", tras conocer la notificación que el Gobierno de España ha enviado a la Comisión Europea a finales de marzo, en la que el ejecutivo detalla las previsiones de cierre del ejercicio 2017 y "las desviaciones respecto a los objetivos marcados para cumplir el déficit público".

Así, Villalobos ha señalado que "no es de recibo la increíble paradoja que hace que las corporaciones más cumplidoras en objetivos de déficit, como son Ayuntamientos y Diputaciones, a estas alturas, estén ya guardando un euro por cada tres que presupuestan".

La Diputación ha explicado en un comunicado que Villalobos ha formulado dicha afirmación después de conocer que las entidades locales hayan terminado el año 2017 con 24.300 millones de euros en los bancos, en cuentas o depósitos, que "Hacienda les impide gastar a través de los distintos parámetros a los que deben atenerse para cumplir con la regla de gasto y la estabilidad financiera".

"Si, según las propias cifras que maneja el Ministerio de Hacienda, los presupuestos de ingresos consolidados de las entidades locales en 2017 ascendieron a 72.043 millones de euros, y las cuentas y depósitos que actualmente mantenemos en bancos suben hasta los 24.300 millones, eso significa que por cada euro que presupuestamos, tenemos otro más guardado en entidades financieras sin poder utilizar para dar más y mejores servicios públicos a nuestros vecinos", ha asegurado Villalobos.

Por ello, ha indicado que se está ante "una situación sin precedentes", en la que las entidades locales están "siendo privadas de utilizar el equivalente a un 33 por ciento de los recursos financieros con los que se cuenta cada año para atender a los vecinos, mediante la correcta y efectiva prestación de servicios públicos".

Al hilo de las cantidades que el Gobierno remitió a Bruselas sobre los objetivos de déficit al cierre de 2017, el presidente de la Diputación ha argumentado que "los números dejan en evidencia que, después de seis años de vigencia de la Ley de Estabilidad, Montoro invita y son las comunidades autónomas y las corporaciones locales las que pagan, debido al doble rasero que el ministro aplica, con férreos controles a corporaciones locales y comunidades autónomas frente a una política de manga ancha con las cuentas estatales".

"El déficit del Estado será de 14.712 millones en 2017, que equivalen al 1,2 por ciento del Productor Interior Bruto (PIB) y que se traducen en 6.000 millones de euros más de lo previsto inicialmente", ha explicado la Diputación, al tiempo que ha manifestado que la Seguridad Social tendrá "un desfase de 16.990 millones de euros, que representan el 1,4 por ciento del PIB y que se desvían del objetivo en 3.500 millones".

Por otra parte, ha apuntado que las comunidades autónomas "vuelven a cumplir por segundo año consecutivo" y "cerrarán con un déficit del 0,21 por ciento respecto al PIB -2.577 millones de euros-, por debajo del 0,4 por ciento que se le estaba permitido".

Por último, ha señalado que las corporaciones locales "encadenan ya su quinto ejercicio consecutivo con superávit", en esta ocasión de "7.281 millones, que equivalen al 0,62 por ciento del PIB y que suponen un incremento en esa cifra de 469 millones respecto al balance también positivo del cierre de 2016".

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