Solo en cuatro operaciones la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado un fraude fiscal de 150 millones de euros en la venta de bebidas alcohólicas, un delito cada vez más sofisticado para dificultar el trabajo de los investigadores, que se topan con entramados empresariales creados "ad hoc", o para tal fin.

Así, de un "modus operandi" más tradicional propio del contrabando, las organizaciones han evolucionado hacia la creación de "mallas" empresariales, con sociedades pantalla o "truchas" que aparecen y desaparecen para que Hacienda y los investigadores les pierdan el rastro.

Mientras tanto, es muy goloso el beneficio que obtienen las familias dedicadas a esta actividad ilícita, que consiste esencialmente en eludir el pago del IVA (del 21%) a Hacienda a pesar de cobrárselo al cliente final.

El grupo de Delincuencia Económica de la UCO, junto con la Agencia Tributaria, lleva años persiguiendo este fraude y ya ha llevado a cabo varias operaciones en las que ha constatado la existencia de organizaciones familiares que reinciden, ya que con esta práctica ilícita han llegado a obtener pingües beneficios con escasas consecuencias penales.

Una de estas operaciones, denominada "Bacia", supuso en su día la detención de 20 personas, se desarrolló en Madrid, Ciudad Real, Badajoz, Barcelona, Tarragona y Córdoba, constató que se habían distribuido ilegalmente tres millones de litros de alcohol y descubrió un fraude de 20 millones de euros.

Otra de las actuaciones de este grupo de la UCO fue la operación "Notify", con cuatro provincias afectadas -otra vez Madrid, Ciudad Real y Córdoba, además de Burgos-, 15 detenidos, cinco millones de litros de alcohol comercializados ilegalmente y un fraude a las arcas públicas de 29 millones de euros.

Alrededor de 70 millones defraudó la organización desmantelada en la operación "Espíritu/Senda", que esta vez también se dirigió contra el fraude fiscal en el tabaco. Dos millones de cajetillas intervenidas, 1,3 millones de litros de alcohol distribuidos ilícitamente y 43 detenidos en Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco y Navarra es el balance de esa intervención.

Más reciente ha sido la operación bautizada otra vez como "Espíritu", desarrollada en doce provincias y que se ha saldado con 43 detenidos, la incautación de 310.000 botellas de alcohol por valor de cuatro millones de euros -cifra que está aumentado en los "flecos" de la intervención policial- y la constatación de un fraude de 25 millones de euros.

Precisamente, lo que se ha destapado en esta operación es un ejemplo claro de la evolución del delito, como subrayan oficiales del citado grupo de la UCO, que aseguran que este tipo de fraude está "extendido".

Lo está porque, dada la amplia oferta y demanda, el margen de beneficio que puede obtenerse jugando con los precios es pequeño, por lo que recurrir al fraude fiscal es bastante más rentable para estas organizaciones.

Y lo es a pesar de que el desembolso también es cuantioso. Y no solo por la inversión en bebida, sino porque la red empresarial que la organización teje tiene su coste, que incluye el pago a testaferros por poner su nombre y su firma en las empresas pantalla, entre otros gastos.

Aún así, las organizaciones han preferido optar por este "modus operandi", que ha desbancado al tradicional contrabando, en el que las tramas delictivas tenían que buscar la "complicidad" de funcionarios de aduanas de otros países.

Como explican los agentes de la UCO, la última operación deja muy claro el modo de actuar de estas redes, en esta ocasión dirigida desde Castellón por un hombre dedicado toda su vida a la comercialización de bebidas alcohólicas y, por tanto, con contactos en el sector, y por su hija, una abogada especialista en la cosa fiscal y con un socio, también abogado, en Sevilla.

Esta familia era la titular de un depósito fiscal (almacén al que llegan las bebidas exentas hasta ese momento de impuestos) que vendía el producto a empresas distribuidoras.

Hasta ahí todo aparentemente legal. Pero en ese escalón donde esta familia había creado un entramado de empresas "trucha" a nombre de personas -testaferros- con antecedentes residentes en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla y que, por 2.000 euros, figuraban como compradores de las bebidas al depósito, que luego vendían a los clientes con un IVA repercutido del 21 %.

Pero el impuesto nunca era declarado a Hacienda, toda vez que las empresas desaparecían a los pocos meses y se perdía el rastro. Un negocio redondo que frenaron los investigadores al poder comprobar que eran los responsables del depósito fiscal -ahora en la cárcel- quienes estaban al frente de todo el entramado.

Las pesquisas han permitido bloquear activos financieros, cuentas e inmuebles de los cabecillas de la red, algo fundamental no solo para completar la investigación, sino para dejar a estas organizaciones sin posibilidades de reanudar el "negocio".

Como subrayan los expertos de la UCO, la colaboración del sector con las fuerzas de seguridad también es fundamental para sacar a la luz estas tramas que, a fin de cuentas, causan un perjuicio a los depósitos fiscales legales y a la sociedad en su conjunto al no tributar por un impuesto que ellas sí han repercutido al cliente, ignorante del fraude.