Así lo ha indicado este viernes en una nota su portavoz, Miguel Contreras, quien ha demandado que el canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas incluido en Ley de Aguas se destine íntegramente a llevar a cabo las referidas actuaciones.

"Consideramos que esta ley es puramente recaudatoria, que no implica una gestión más eficaz y austera del recurso", ha afirmado el dirigente 'popular', quien ha añadido que desde la implantación del canon se han ingreso en torno a 200 millones de euros pero muchas obras de depuración que deberían de realizarse con este dinero "siguen sin realizarse".

Ello, según ha apuntado, a pesar de que en 2010 la Junta declaró de interés de la comunidad autónoma las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas andaluzas. En total, 300 actuaciones con una inversión de 1.765 millones de euros, cuya ejecución demanda el PP con la recaudación del canon autonómico.

Por otro lado, el PP mostrará su "profundo rechazo" a la modificación del articulado de la Ley de Aguas de Andalucía que se plantea en los Presupuestos de la Junta de 2017 para establecer que a partir de enero de 2017 la liquidación e ingreso en la Junta debe realizarse teniendo en cuenta los metros cúbicos consumidos y no los facturados como venía siendo hasta entonces.

Ha considerado que este cambio "viene a gravar los consumos que hasta ahora no se facturaban", como son los que realizan los contadores de dependencias municipales, fuentes públicas O riego de zonas verdes de los Ayuntamientos. "Entendemos que se trata de una nueva vuelta de tuerca a la presión fiscal sobre los Ayuntamientos ya que ellos e, indirectamente los vecinos, tendrán que pagar este canon", ha afirmado.

Finalmente, la moción del PP insta a la Diputación para que adquiera el compromiso de defender los intereses de los 97 municipios de la provincia ante la Junta. Solicita también que los servicios técnicos y jurídicos del ente provincial estudien y emitan informes sobre la viabilidad de reclamar al Gobierno andaluz el coste del canon de vertidos al dominio público y sanciones a las que deben hacer frente los ayuntamientos que aún no disponen de depuradora de aguas residuales.

Y es que, según Contreras, la Diputación y Somajasa han planteado que se pueda solicitar la extensión prevista en la Ley de Aguas que permite que los consumos de aquellos usuarios que ya estuvieran abonando el canon de vertidos a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) puedan quedar exentos del canon autonómico.

En su opinión, refleja que ahora los ayuntamientos tendrán que plantear la solicitud de exención y esperar a que la Junta lo valore. "El Gobierno de Susana Díaz, lejos de cumplir con su competencia y con su compromiso, que no es otro que garantizar la construcción de depuradoras, lo que hace es, por un lado provocar que los ayuntamientos tengan que seguir abonando el canon de vertidos a la CHG y, ahora también, gravarles el consumo del agua en contenedores de su titularidad", ha afirmado.

Ante esta situación, los 'populares' han considerado que se deben

"adoptar acuerdos que reivindiquen un trato mucho más justo y facilitar a todos los recursos para que las corporaciones municipales defiendan sus intereses frente a la Junta".