"La presidenta de Diputación, la socialista Irene García, asfixia a la Diputación la cual está paralizada, ya que no invierte porque no puede ni paga lo que debe", ha asegurado el portavoz.

En un comunicado, Loaiza ha indicado "que de acuerdo a los datos oficiales de febrero, el gobierno socialista ha pasado de una deuda con proveedores de 8,5 millones de euros en enero a 9,8 millones en solo un mes"". Asimismo, el periodo medio de pago vuelve a incrementarse, "pasando de 125,6 a 135,04 días por lo que la Diputación de Cádiz lleva ya ocho meses siendo la que peor paga en toda España", ha añadido.

El dirigente popular ha lamentado que el PSOE esté "tratando de ocultar las cifras del desastre por todos los medios", pero ha remarcado que no se le puede "hurtar a los gaditanos información sobre el caos económico de la institución provincial".

En este sentido, ha lamentado que el responsable económico de la Diputación, Jesús Solís, siga al frente de su cargo pese a que "no ha tomado medida alguna para paliar la situación y, además, no ha aclarado el limbo contable al que el Gobierno socialista ha enviado cientos de facturas que ya están aflorando".

Así, Loaiza se ha referido al pago de 330.000 euros con facturas que se registraron entre mayo y diciembre de 2017 "pero se han liquidado en 2018, con cargo al presupuesto actual, porque no se pudieron registrar las obligaciones de pago por un error informático".

Por ello, el portavoz popular ha considerado que Irene García "debe dar explicaciones públicas de qué alcance tiene ese problema informático, dado que proveedores han trasladado al PP su preocupación porque Solís ha reconocido que no puede pagar lo que debe aludiendo a ese error informático".

De igual modo, Loaiza ha advertido de que la deuda reconocida con proveedores "roza los diez millones en febrero, pero podría ser mucho mayor cuando se conozca toda la verdad del caos económico de Diputación".

Finalmente, ha explicado que la Diputación está "cargando su deuda a municipios y pequeñas y medianas empresas, reduciendo la inversión a la mínima expresión y poniendo en riesgo empleos".