Según el decreto, firmado por el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, "no se acredita la comisión de ningún hecho delictivo" y "no resulta acreditada la existencia de ninguna reunión, ni siquiera petición de esta, con ningún representante político del Ayuntamiento de Salamanca a los efectos de conseguir un trato de favor en la concesión del servicios de guarderías municipales".

En esos mismos fundamentos de derecho del documento fiscal, se recoge que la empresaria del Grupo 'Mis Pollitos', Carmen Pazos, no se reunió con el alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, ni con el concejal Enrique Sánchez-Guijo, denunciado al igual que la responsable de la empresa.

El texto de archivo sí que recoge que Carmen Pazos se acercó el 1 de febrero a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para presentar a su nueva socia, Lourdes Cavero, como "norma de cortesía" al tener varios contratos con la entidad municipal, donde fue atendida por "varios técnicos". En cambio, "en ningún momento" Pazos realizó visita alguna a las guarderías con Lourdes Cavero, añade.

Posteriormente, "cuando ya había estallado el caso Lezo", la empresaria ha apuntado que técnicos de 'Mis Pollitos' sí que acudieron a ver las guarderías porque "pensaba concursar" entonces en el proceso de licitación y por ser este trámite "un requisito" recogido en el pliego de condiciones, una visita que se llevó a cabo en compañía de "las otras tres visitadoras". Aunque, "finalmente no corcursó al carecer de capital suficiente", apostilla el texto tras las declaraciones de la implicada.

Asimismo, el decreto apunta que Carmen Pazos "tuvo una conversación" con la portavoz del Grupo Ganemos en el Ayuntamiento de Salamanca, Virgina Carrera, "al coincidir con ella en un programa de radio", donde la edil le reseñó que "las guarderías iban a salir a concurso" y "todas juntas", un encuentro que tuvo lugar "en enero o febrero, mucho antes de que se convocara en concurso el 28 de abril de 2017".

Los mismos fundamentos de derecho del fiscal jefe indican que el concejal Enrique Sánchez-Guijo "no conoce de nada a Lourdes Calvo ni la ha visto nunca" y que, en cambio, sí que conoce a Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por hacer sido miembro del consejo de administración de Mercasalamanca, aunque no recibió llamada alguna de él "interesándose por la concesión de las guarderías".

En cuanto a la llamada telefónica recogida por las investigaciones del caso Lezo, el documento de la Fiscalía Provincial de Salamanca pone de relieve que "la denuncia se basa en una conversación de un investigado por corrupción, que hace alusión a un testimonio de referencia, por otra parte no muy claro pues habla de varias personas del Ayuntamiento de Slamanca y que no ha sido corroborado por ningún otro dato periférico".