Marzà ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa en Castellón al ser preguntado al respecto. Según el conseller, "lo que han decidido es que se anulen unos artículos de un decreto que derogó el Gobierno valenciano hace muchos meses".

El TSJCV considera que el decreto -derogado por el Consell el pasado diciembre- implica discriminación del castellano frente al valenciano en las aulas, ya que "la desproporción en detrimento de la lengua castellana es manifiesta".

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha estimado de este modo los recursos interpuestos por varios colectivos de padres de alumnos y anula los artículos 9.4, 17, 18, 19, 20 y 21, la disposición adicional octava y los anexos XI y XII del Decreto 9/2017 por entender que tales preceptos de la norma, que fue suspendida previamente de manera cautelar por el tribunal, "vulneran la Constitución, son contrarios a la legislación nacional y autonómica y suponen una discriminación del castellano frente al valenciano en las aulas", según ha informado el alto tribunal valenciano en un comunicado.