También se ha sentado en el banquillo de los acusados por esta causa la exregidora del PA María Pilar Vázquez, para la que el Ministerio Público igualmente ha mantenido su petición inicial de un año y diez meses de prisión. A los tres les acusa de delitos contra la ordenación del territorio y también solicita que abonen multas de entre 6.480 y 7.200 euros.

El juicio ha quedado visto para sentencia este jueves y, entre otros extremos, el tribunal deberá también resolver en sentencia algunas de las cuestiones previas planteadas al inicio de la vista, como la prescripción del delito para el expresidente de la Diputación y la actual alcaldesa que pidieron sus defensas.

Los tres acusados, que han sido juzgados por su etapa como regidores de Caniles, defendieron que las licencias para la construcción y ocupación de viviendas que se concedieron en sus mandatos en el barrio de San Sebastián contaron con los informes favorables de los técnicos y alegaron que la zona, pese a ser un área especial de casas cueva, contaba con los servicios básicos.

La Fiscalía sostiene, sin embargo, que se vulneró la normativa urbanística puesto que "no se exigió ningún tipo de garantía o aval suficiente para asegurar la terminación de las obras de urbanización" y que era necesario delimitar una unidad de ejecución para la redacción de un plan especial que ordenara el desarrollo de esta zona.

Agrega que las licencias de ocupación de las viviendas se concedieron a pesar de que está prohibido hacerlo hasta que se terminan las obras de urbanización y que las licencias de obras no se ajustaban a lo estipulado, por lo que también pide que se anulen.