Para Adigital, el Ayuntamiento de Palma "ha puesto en marcha una medida única e inaudita en España, que condena a la marginalidad a una actividad económica", y considera dicha medida "desproporcionada e injustificada".

"Entendemos que la solución a la compleja problemática que experimenta un territorio como no se soluciona mediante prohibiciones. Prohibiciones que, además, corren el riesgo de abocar a la economía sumergida a cientos de familias que obtienen ingresos adicionales alquilando sus propiedades a otras familias", han alertado.

Adigital y Sharing España -colectivo de empresas de economía colaborativa dentro de la asociación- han sostenido que este tipo de "decisiones políticas extremas" están "abocadas al fracaso". Como ejemplo han citado Berlín, cuya medida similar fue declarada inconstitucional por el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandemburgo.

Por ello, desde la asociación han advertido que la solución "debería hallarse contando con los diversos representantes del sector" y han hecho un llamamiento a la "cordura institucional".